MADRID, 4 de enero de 2026. La capital española inicia el nuevo año con la implementación de una renovada ordenanza para las terrazas y quioscos dedicados a la hostelería y restauración, tras la anulación por parte de la Justicia de la normativa previa de 2022, que era bastante parecida, aunque con algunas modificaciones menores.

Este miércoles, se espera que el Ayuntamiento complete un paso crucial hacia la aprobación de esta nueva normativa que regula más de 6.000 terrazas y alrededor de 50 quioscos en la ciudad, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2026. El nuevo texto, aunque presenta similitudes con la anterior, incorpora cambios esperados por la ciudadanía, que buscan equilibrar los intereses de los vecinos con la vitalidad de un sector como el de la hostelería, esencial para la economía local, según ha expresado la vicealcaldesa, Inma Sanz.

La nueva normativa se basa en la estructura de la ordenanza de 2013 que actualmente se aplica, y contempla además las modificaciones que surgieron en 2022, anuladas posteriormente por razones formales. Estos cambios responderán a las sugerencias y preocupaciones planteadas por los ciudadanos durante la consulta pública de 2024, así como a las recomendaciones de la Comisión de Terrazas.

El equipo de Gobierno subraya que se trata de un nuevo marco normativo y no solo de una simple reforma del anterior. "Hemos creado un texto integral que abarca todos los aspectos, diferenciándolo claramente del modelo del 2022", han afirmado, enfatizando la necesidad de esta actualización.

En total, se presentaron 106 alegaciones al nuevo proyecto, de las cuales se aceptaron tres de particulares, relacionadas con detalles técnicos y la entrada en vigor de la norma, y cuatro adicionales del sector de hostelería, que se enfocan en el periodo de transición hacia la nueva normativa y en la gestión del flujo de peatones en las áreas afectadas.

Cabe recordar que en abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) invalidó la modificación de la ordenanza aprobada por la anterior administración, liderada por José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (CS). Este fallo llegó tras un recurso interpuesto por la entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar, quien argumentó la falta de razones suficientes sobre el impacto económico y la evaluación ambiental de la regulación.

El tribunal concluyó que la normativa carecía de informes esenciales, lo que llevó al Ayuntamiento a apelar ante el Tribunal Supremo, aunque dicha apelación fue inadmitida, ratificando así la anulación y el efecto práctico de la derogación de la ordenanza de 2022.