En un reciente encuentro en Madrid, la conversación entre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el presidente de la empresa pública Tragsa, Jesús Casas, ha abierto la puerta a un posible cambio significativo para las Brigadas Forestales que operan en la región. Este diálogo se enmarca en el contexto de la huelga iniciada por estos trabajadores el 15 de julio, quienes buscan mejoras laborales con servicios mínimos establecidos en un 80% y que han decidido suspender la huelga hasta el 25 de agosto.

El objetivo principal de la reunión fue explorar la opción de que los efectivos de las Brigadas Forestales puedan acogerse al convenio de Tragsa destinado a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales que están bajo la dirección del Ministerio de Transición Ecológica. Este convenio fue publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana, lo que ha generado expectativas sobre una resolución favorable al conflicto laboral existente.

Desde el Gobierno regional, se ha señalado que esta alternativa ha sido bien recibida por varios miembros del Ejecutivo español y se considera “perfectamente legal”, siempre y cuando exista un acuerdo entre Tragsa y los representantes de los trabajadores. En la actualidad, los brigadistas forestales de Madrid se rigen por un convenio sectorial autonómico, pero la empresa ha indicado que no tiene la legitimidad para negociar mejoras dentro de este marco.

La posición del Gobierno de Madrid indica que carece de competencias para realizar negociaciones sobre estas mejoras debido a la naturaleza sectorial del convenio, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, se contempla que Tragsa puede establecer su propio convenio de empresa, ofreciendo así una salida a las demandas laborales.

En esta línea, la Consejería de Medio Ambiente argumenta que al permitir que todos los profesionales involucrados en la prevención y extinción de incendios forestales se acojan a este nuevo convenio se propiciaría una mejora en la homogeneidad de sus condiciones laborales, una cuestión esencial para su bienestar y eficacia en el trabajo.

Además, el Gobierno regional ha instado a Tragsa a convocar a los representantes laborales para la próxima semana, con el fin de avanzar en la resolución del conflicto y ha anunciado que se implementarán mejoras laborales en la renovación del contrato con la empresa pública a partir del próximo año.

Como parte de esta iniciativa, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) entregará durante el encuentro un plan de mejora destinado a las bases e infraestructuras que, según se informó en julio, ha sido muy esperado por los trabajadores. Al mismo tiempo, se ha confirmado a Tragsa que continuará a cargo de las funciones relacionadas con la prevención y extinción de incendios forestales y otros eventos climáticos adversos.

Más allá de este marco, el nuevo encargo para Tragsa comenzará en 2026 e incluirá un aumento notable en el presupuesto, que se incrementará en 4 millones de euros, llegando a un total superior a 32 millones anuales. Esta medida también contemplará la creación de empleos a lo largo de todo el año, lo que se traduce en un operativo más rigurosamente estructurado y profesionalizado.

Desde la Comunidad de Madrid se afirma que estas iniciativas reflejan el compromiso de buscar soluciones a las demandas de este colectivo de trabajadores, cuyas necesidades son reconocidas por el Ejecutivo regional como esenciales. En este contexto, el comité de empresa, representado por los sindicatos UGT, Firet y CGT, ha denunciado la precariedad y temporalidad de su situación laboral, exigiendo mejoras significativas y una revisión del convenio colectivo, el cual no se ha actualizado desde 2008.

Entre las principales demandas de los sindicatos se incluyen la actualización de salarios, que permanecen congelados desde 2010, así como el reconocimiento de la peligrosidad de su labor, que no contempla protecciones adecuadas contra agentes cancerígenos. Además, se busca poner fin a la temporalidad, dado que el 40% de la plantilla trabaja solo cuatro meses al año.

Jesús Molina, de Firet, ha enfatizado que es crucial realizar mejoras en unas bases que han estado desatendidas durante dos décadas y hacer cumplir la Ley 5/2024, aprobada en noviembre del año pasado, cuya implementación se ha visto demorada por la Comunidad de Madrid.