El próximo 8 de febrero, Madrid será escenario de una manifestación que aboga por una sanidad pública "100% universal y de calidad". Esta marcha surge como respuesta al alarmante proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública que, según los organizadores, ha sido impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el cual prioriza intereses empresariales por encima de la atención y bienestar de la población.

Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', la convocatoria comenzará a las 12:00 horas desde el Paseo del Prado, justo frente al Ministerio de Sanidad, y finalizará en la emblemática Puerta del Sol. Están organizando esta movilización la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), los sindicatos CC.OO. de Madrid y UGT Madrid, así como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Los convocantes, alzando sus voces en defensa del sistema de salud, demandarán acciones que fortalezcan la Sanidad Pública en Madrid. Afirman que esto no solo es cuestión de sanidad, sino que también afecta directamente a la calidad de vida, la justicia social y la cohesión dentro de la comunidad.

El llamado a la protesta incluye un fuerte rechazo al continuo desvío de recursos públicos hacia empresas privadas, como Ribera Salud y Quirón. En el comunicado, los organizadores denuncian las diversas irregularidades que estas empresas han manifestado en la gestión de servicios sanitarios, reveladas en recientes investigaciones judiciales.

Además, el manifiesto que acompaña la protesta denuncia cómo los recortes y la privatización promovida por el Gobierno regional están exacerbando la desigualdad social, forzando a muchos ciudadanos a recurrir a seguros privados o a pagar de su bolsillo por atención médica. Este debilitamiento deliberado del sistema de salud, sostienen, es parte de una estrategia más amplia del Partido Popular para abrir oportunidades comerciales en detrimento del bienestar social.

Los organizadores insisten en la urgencia de contar con un pacto que resguarde la sanidad pública, reafirmando la necesidad de asegurar universalidad y accesibilidad en la atención sanitaria. Proponen que esto debe ir acompañado de una financiación adecuada y transparente para que los recursos públicos se utilicen exclusivamente en la mejora del sistema de salud pública, evitando beneficios para el sector privado.

Entre sus exigencias más destacadas, los manifestantes claman por la reversión de la privatización y la derogación de leyes que, a su juicio, estrangulan financieramente la Sanidad Pública y fomentan la presencia de centros con objetivo de lucro. Ni la Ley 12/2001, que regula la sanidad en Madrid, ni la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, quedarían fuera de su crítica contundente.

Asimismo, se aboga por la reinstauración de Áreas Sanitarias que trabajen en colaboración con las Gerencias de Atención Primaria para garantizar la equidad territorial, además de abordar la congestión de listas de espera y tiempos de espera para tratamientos quirúrgicos, haciendo un uso más intensivo de los recursos del sistema público.

Consciente de la magnitud del problema, también se plantean reformas en Atención Primaria, pidiendo una mayor accesibilidad y la capacitación de equipos multidisciplinarios, así como la inclusión de más profesionales de la salud mental en la estructura sanitaria para abordar adecuadamente la cronicidad y el envejecimiento de la población.

Desde una perspectiva amplia, los organizadores subrayan la importancia de fortalecer la red de Centros de Salud Mental y aumentar significativamente el número de camas disponibles en Atención Hospitalaria para alinearse con los estándares de otros países europeos. Además, reclaman condiciones laborables dignas y el fortalecimiento de la coordinación entre diferentes áreas del gobierno para mejorar la atención en residencias de mayores y emergencias sanitarias, garantizando la disponibilidad de equipos completos en los servicios de urgencias.

La manifestación también reivindica la necesidad de construir un sistema de salud pública robusto que no solo proteja los derechos de los ciudadanos, sino que también fomente su participación activa en la defensa de sus derechos en el ámbito de la salud. Se hace hincapié en la atención sexual y reproductiva, así como en el derecho a una atención paliativa de calidad y la promoción de la investigación dentro del sistema de salud pública.