Lesly Ochoa, la denunciante del caso, ha decidido presentarse en los juzgados con el objetivo de confrontar directamente al productor musical Nacho Cano, a quien critica por carecer de "ética profesional". Ochoa, quien formó parte del grupo de becarios mexicanos involucrados en el espectáculo 'Malinche', ha expresado su descontento frente a la manera en que se manejó su contratación.

Este lunes, Cano se presentó ante la jueza Inmaculada Iglesias, donde se desvinculó de las acusaciones relacionadas con posibles irregularidades en la contratación de los jóvenes mexicanos. Durante su declaración, aseguró haber estado "mal asesorado" y reiteró que su papel en el proyecto se limitaba a la parte creativa, de acuerdo a información proporcionada por fuentes jurídicas presentes en la audiencia.

La investigación, liderada por la jueza de Instrucción número 19 de Madrid, involucra a Cano y tres de sus colaboradores por presuntas contrataciones ilegales que afectarían a un grupo de casi veinte becarios de nacionalidad mexicana. Las acusaciones incluyen delitos contra los derechos laborales y de los ciudadanos extranjeros, lo que ha levantado una gran preocupación sobre las condiciones laborales de los trabajadores involucrados.

Al llegar a la cita judicial, Cano hizo comentarios despectivos, sugiriendo que actuaba solo para "hacer el paripé", refiriéndose a la comparecencia. Cabe recordar que el productor fue detenido el pasado mes de julio y había manifestado previamente que su arresto estaba vinculado a su apoyo político a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La declaración de Cano se extendió por más de dos horas, en las cuales respondió a las preguntas planteadas por la jueza, el fiscal y sus defensores. Sin embargo, su actitud fue percibida como arrogante, y la jueza incluso tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones durante el proceso.

El productor alegó desconocer muchos aspectos vinculados a la contratación que fueron objeto de interrogatorio, afirmando que su equipo se encargaba de esos temas. "Echando balones fuera" fue la expresión utilizada por las mismas fuentes para describir su actitud evasiva. Cano insistió en que creyó haber estado "mal asesorado" en estos temas críticos.

Durante el interrogatorio, la fiscal se centró en la validez del convenio relacionado con la beca de prácticas. Cano manifestó que su atención se centraba principalmente en la faceta artística y creativa del espectáculo, mientras rebatía nuevamente a los agentes policiales por el manejo del atestado que dio origen a la denuncia.

Lesly Ochoa, decidida a hacer valer su voz, se presentó en el juzgado para expresar su descontento. "No tiene ética profesional. Él, siendo español y con su trayectoria, no pudo gestionarnos de manera legal. Sigo creyendo que conoce las leyes. Mientras él sigue percibiendo ingresos, nosotros ni siquiera recibimos el salario mínimo", subrayó Ochoa en su declaración pública.

Aparte de Cano, se espera que Susana Jove, jefa de personal de 'Malinche', también brinde su declaración como investigada en este caso. La investigación se centra en la contratación de becarios mexicanos en condiciones que podrían considerarse ilegales por las autoridades.

En los días previos, agentes de la policía que realizaron la investigación también declararon como testigos en el juzgado. Sus testimonios apuntaron a que había una relación laboral entre Cano y los becarios, calificando la situación como "explotación". Los abogados de Cano describieron estas declaraciones como un "esperpento", restando credibilidad a las acusaciones.

El letrado Alfredo Arrién, defensor de Lesly Ochoa, compartió que los policías confirmaron que las jornadas laborales eran “interminables”, lo que sugiere que las condiciones de trabajo eran inaceptables. Además, se destacó que probablemente el delito contra los derechos de los extranjeros también se había cometido al violar normativas pertinentes.

Por su parte, los abogados de Cano argumentaron que el proceso penal es un "esperpento" y aseguraron que el derecho de defensa de su cliente ha sido vulnerado durante la audiencia. Reiteraron que el atestado policial está lleno de irregularidades, según sus declaraciones a los medios.

La jueza desestimó las peticiones de sobreseimiento solicitadas por la defensa, afirmando que las pruebas presentadas no contribuyen a esclarecer si los hechos denunciados constituyen un delito. De igual manera, la petición para expulsar a Comisiones Obreras como acusación popular fue negada, manteniendo su participación en el proceso, aunque los abogados de Cano sostenían lo contrario.

Este caso revela no solo las dinámicas laborales problemáticas en el mundo del espectáculo, sino también las dificultades y riesgos que enfrentan los trabajadores migrantes. Las investigaciones continúan y se espera que la verdad salga a la luz, sirviendo de precedente para la protección de los derechos de todos los trabajadores.