Desde Madrid, el 2 de octubre, Alberto González Amador ha decidido llevar a juicio a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por supuesta intromisión ilegítima en unas declaraciones que realizó durante una sesión de control al Gobierno en el Senado el pasado 12 de marzo.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press y adelantadas por 'El Periódico de España', la demanda se presentará por la vía civil después de que esta mañana se llevara a cabo un acto de conciliación al que González Amador había convocado a la ministra para que se retractara de sus afirmaciones, pero a la que Montero no acudió.
La demanda se presentará en el Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Montero, al ser ministra y diputada. El acto de conciliación se había convocado tras una reclamación de González Amador por un monto de 40.000 euros debido a las declaraciones de la ministra, en las que cuestionaba a la presidenta madrileña por presuntas irregularidades en la adquisición de su vivienda.
En estas declaraciones, Montero expresó su sorpresa por la relación de Ayuso con personas presuntamente implicadas en delitos de fraude, tanto en el ámbito fiscal como en la compra de material sanitario durante la pandemia. Estas acusaciones llevaron a González Amador a presentar una demanda por intromisión en su derecho al honor e intimidad.
A pesar de ello, las informaciones no confirmaban que el apartamento adquirido por la pareja de Ayuso se hubiese pagado con los fondos supuestamente defraudados, lo que motivó la acción legal de González Amador.
El acto de conciliación es un paso previo antes de la presentación formal de la demanda, por lo que existe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo para poner fin al litigio.
En marzo, el equipo jurídico de González Amador ya había anunciado que estaba preparando una querella contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por revelación de secretos, luego de que algunos de sus datos fiscales fuesen expuestos públicamente. En respuesta a estas acusaciones, Ayuso denunció que su pareja estaba siendo objeto de un acoso por parte del Estado en un intento de destruirlo personalmente.
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