En el marco de la investigación del 'caso Begoña Gómez', el juez Juan Carlos Peinado ha consultado a las partes involucradas sobre la posibilidad de archivar el expediente relacionado con Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid. Aguirre, quien se desempeñó como secretario general de Presidencia en 2021, ha estado bajo imputación desde mayo, imputado por la presunta malversación vinculada a las actividades de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Peinado ha solicitado a las acusaciones y defensas que, en un plazo de tres días, expongan su opinión respecto a la posibilidad de sobreseimiento del caso en lo que respecta a Martín Aguirre.

El magistrado ha hecho eco de un escrito de la Fiscalía que aboga por el archivo del caso para Aguirre, argumentando que resulta "incomprensible" su continuidad como investigado, especialmente tras la exoneración de Judith González, la secretaria general de Presidencia, quien fue la última en ser imputada. El juez sostiene que la lógica debería aplicarse de igual forma a ambas partes.

El fiscal, que también se adhirió al recurso presentado por Begoña Gómez, cuestionó la decisión del juez de mantenerla como investigada, al tiempo que citó a varias personas, incluida Cristina Álvarez, para ser interrogadas en relación con el caso.

A modo de recordatorio, el juez Peinado había imputado previamente a González, quien el 16 de noviembre explicó que Álvarez no estaba bajo su dependencia, lo que llevó al instructor a cerrar el caso para la trabajadora de Moncloa.

El fiscal expresó en su escrito que, a pesar de estar de acuerdo con la decisión de archivar el caso de González, resulta curioso que la misma lógica no se aplique a Martín Aguirre, dado que ambos ocupaban posiciones semejantes y carecían de relación jerárquica que justificara su imputación, lo que parece provocar confusión y perplejidad.

La Fiscalía ha calificado de "incomprensible" la continuidad de la imputación de Aguirre, enfatizando que el razonamiento utilizado para la secretaria de presidencia podría aplicarse de igual manera a su caso. Según el fiscal, no existe evidencia de dependencia entre Aguirre y Álvarez ni lazos que le relacionen con las acciones cuestionadas.

En esta investigación, el juez Peinado indaga sobre posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación, entre otros. Mientras que Begoña Gómez enfrenta acusaciones más severas, a Martín Aguirre solo se le imputa malversación vinculada a la contratación y funciones de Álvarez.

A pesar de la solicitud de archivo presentada por la defensa de Aguirre, las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, se han manifestado en contra, argumentando que el delegado del Gobierno tuvo un conocimiento directo sobre la operativa del personal eventual de la Secretaría General y los controles internos relacionados con el uso de recursos públicos.

Desde su perspectiva, el rol de Aguirre conllevaba la responsabilidad de asegurar que los recursos de la Presidencia se usaran exclusivamente para funciones institucionales. No obstante, aducen que Aguirre no tomó medidas para impedir desviaciones de los fondos hacia fines privados, lo que permitió un uso inadecuado de los recursos públicos durante años. Así, instan al juez a mantener la condición de investigado del delegado del Gobierno mientras continua el proceso judicial.