El 27 de enero en Madrid, un escándalo ha sacudido a la Guardia Civil, ya que la Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre los 51 años y 4 años de prisión para tres de sus agentes. Estos están acusados de estar involucrados en una serie de delitos graves, que incluyen robo con intimidación, extorsión, revelación de secretos y la omisión de su deber de perseguir delitos, todos presuntamente cometidos mientras estaban en activo en la región.

El juicio, que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid, ha visto ya las primeras declaraciones de varios agentes que realizaron seguimientos y vigilancias sobre los acusados. Esta investigación, que resultó en su arresto en agosto de 2020, está tomando forma a medida que se avanza en la captura de testimonios y pruebas. La próxima semana, los propios acusados se presentarán ante el tribunal para exponer su versión.

Las audiencias han revelado detalles inquietantes, ya que durante las detenciones se encontraron importantes cantidades de drogas en posesión de los imputados. Además, algunos de los agentes involucrados han compartido su experiencia sobre las intervenciones telefónicas realizadas a los acusados.

Los tres agentes en cuestión pertenecían a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC) y estaban en plena actividad durante los hechos. Su labor policial abarcaba varios municipios en la Comunidad de Madrid, lo que añade un matiz de preocupación sobre el abuso de poder en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el informe del fiscal, los acusados habrían explotado su posición de autoridad para llevar a cabo una serie de prácticas ilegales durante el año 2020. Estas acusaciones levantan un alarmante telón sobre la corrupción interna dentro de las fuerzas de seguridad.

Entre las acciones que se les imputan figuran la sustracción de objetos durante registros, la intimidación y agresión a individuos en la Cañada Real Galiana para apoderarse de dinero o drogas, y la apropiación de bienes de la propia Guardia Civil.

Adicionalmente, la Fiscalía plantea graves cargos por el acceso indebido a bases de datos policiales, donde utilizaron la información en su propio beneficio o el de terceros, y por revelar datos confidenciales a personas ajenas a la investigación. Se les atribuyen también la creación de denuncias falsas y la negligencia en el cumplimiento de sus deberes para perseguir delitos.

De acuerdo con la gravedad de los delitos y la implicación de cada uno de los acusados, el Ministerio Público pedirá la condena más severa de 51 años de prisión para uno de ellos, mientras que para los otros dos se postulan sentencias de 4 y 5 años, respectivamente. Este caso se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta la integridad de las instituciones de seguridad.