Un total de cerca de 2.000 enmiendas provenientes de un centenar de agrupaciones socialistas de la Comunidad de Madrid han sido presentadas de cara al 41º Congreso Federal que se celebrará en Sevilla. Este movimiento refleja una participación destacada y activa entre las bases del PSOE-M, que han decidido hacer oír su voz en este importante encuentro político.

En este contexto, el PSOE-M ha decidido llevar al Congreso propuestas referidas a la financiación autonómica. Estas propuestas buscan asegurar que todas las Comunidades Autónomas contribuyan a la caja común mediante criterios claros y estables que regulen tanto su aportación como su distribución. Además, plantean la necesidad de mejorar la efectividad de la Agencia Tributaria en lugar de optar por su federalización, una idea que ha sido promovida por la dirección federal desde Ferraz.

Durante una convención precongresual celebrada en Leganés, los socialistas madrileños coincidieron en el potencial de sus aportaciones, que deberán integrarse en un documento definitivo en el 41º Congreso, programado entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Este texto será fundamental para determinar las directrices del socialismo en los próximos cuatro años y se sumará a las contribuciones del resto de federaciones regionales.

Las fuentes de la federación han subrayado la “extensa” participación, considerándola no solo elevada, sino también muy enriquecedora para el futuro del partido. Las propuestas abarcan diversas áreas, destacando fundamentalmente los servicios públicos, vivienda, educación, sanidad y dependencia, todas ellas cruciales para el bienestar de la ciudadanía.

Entre las enmiendas más relevantes se encuentra la discusión sobre la financiación autonómica, donde se pone el foco en la "financiación singular" que se otorga a Cataluña. El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha presentado una propuesta que busca ofrecer una solución que permita integrar el modelo catalán con el resto de comunidades, asegurando que sea coherente con los principios del socialismo.

En su propuesta, Lobato aboga por la posibilidad de que todas las comunidades autónomas accedan a este modelo de financiación singular, y busca desvincular el tema de la contribución al fondo común de financiación de servicios públicos del debate político, buscando un enfoque más racional y coherente.

Además, se ha acordado incluir en sus enmiendas un argumento que promueve que el sistema de financiación esté guiado por el principio de "justicia social". Este principio implica que cada comunidad contribuye de acuerdo a su capacidad económica, mientras recibe recursos conforme a sus necesidades. Un enfoque que busca equilibrar la balanza y garantizar un trato equitativo para todos los territorios.

El PSOE-M también propone que se avance hacia una mayor equidad mediante la propuesta de establecer una nivelación máxima, que no debería alterar la posición de las distintas regiones en relación con su PIB per cápita, siguiendo el “principio de ordinalidad amplio”. Este enfoque busca proporcionar un marco de igualdad y justicia en la distribución de los recursos.

Otra de las enmiendas importantes hace un llamado a que se garantice que todas las comunidades aportan a la caja común bajo normas que sean claras y equitativas, resaltando la necesidad de criterios comunes que sean aplicables a todas las regiones.

Frente a la idea de federalización de la Agencia Tributaria, defensores del PSOE-M insisten en la importancia de mantener la eficacia del organismo recaudador, promoviendo su rol central en la gestión del sistema tributario, mientras se fomenta la coordinación y colaboración con las administraciones autonómicas.

Lobato ha advertido que el modelo que propone Cataluña implicaría una renuncia del Estado a fijar la progresividad fiscal, lo que podría llevar a un debilitamiento de la igualdad y justicia fiscal entre los ciudadanos españoles, ya que pasaría a ser responsabilidad de las comunidades autónomas la recaudación y distribución de los recursos.

Para que este sistema sea coherente con la ideología socialista, se proponen condiciones claras: la aportación de cada comunidad debe alinearse con su capacidad económica, evitando que estas cifras sean aleatorias o fruto de decisiones arbitrarias.

Ferraz, por su parte, ha mostrado su apoyo a la reforma de los impuestos autonómicos para prevenir la competencia fiscal negativa y ha defendido la federalización de la dirección de la Agencia Tributaria, lo que permitiría a las comunidades autónomas mayor capacidad de decisión en la gestión fiscal.

Aunque no mencionan explícitamente el pacto con ERC, que facilitaría la transferencia de la recaudación impositiva a Cataluña, apuntan la necesidad de equilibrar "multilateralidad y bilateralidad", manteniendo la solidaridad entre los territorios bajo un marco de esfuerzo fiscal equitativo.

Desde la federación madrileña advierten que el modelo propuesto por Cataluña representaría un cambio significativo respecto al actual, ya que las contribuciones al Estado pasarían del nivel individual a un tejido territorial, lo que conllevaría una reconfiguración en la forma en que se financian los servicios públicos en todo el país.