Sindicatos denuncian insuficientes medidas de prevención en el sector de Primaria debido a la escasez de personal ante Inspección de Trabajo.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se están poniendo en marcha progresivamente 197 medidas dirigidas a mejorar la atención en el primer nivel asistencial, un proceso que ha sido comunicado a los sindicatos implicados en el sector.
En una reciente acción, los sindicatos que forman parte de la Mesa de Sanidad, entre ellos Amyts, CC.OO., Satse, CSIT Unión Profesional, UGT y CSIF, han presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo en Madrid. Esta denuncia señala un "peligro grave" debido a la escasez de profesionales en Atención Primaria, lo que, según argumentan, afecta directamente al resto del personal que opera en este sector crítico. Los sindicatos critican la falta de medidas preventivas para abordar los riesgos psicosociales, a los que atribuyen una grave responsabilidad a la Consejería de Sanidad.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones han enfatizado que la Gerencia de Atención Primaria no está adoptando las acciones necesarias para garantizar que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones bajo condiciones de seguridad y salud adecuadas. De esta manera, advierten que la salud e integridad de quienes laboran en los centros de salud de la región están en grave riesgo.
Los seis sindicatos han compartido con la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid la "situación desesperada" que se vive de manera rutinaria en los centros de salud, destacando la falta de recursos y de medidas organizativas adecuadas. Esta problemática es aún más agravante tras la evaluación de riesgos psicosociales realizada en marzo de 2023, que evidenció la ausencia de acciones preventivas eficaces.
Además, recuerdan que la Inspección de Trabajo había requerido previamente a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, así como a la Gerencia de Atención Primaria, que se implementaran medidas concretas para abordar las deficiencias encontradas en las evaluaciones de riesgos psicosociales.
En este contexto, los sindicatos continúan insistiendo en que dos años después, las medidas preventivas solicitadas aún no se están llevando a cabo. Este retraso ha llevado a un aumento significativo de los riesgos para la salud de los profesionales de este sector, quienes, según denuncian, están sufriendo ya las consecuencias en su bienestar físico y emocional.
Los problemas no solo son organizativos, sino que también se relacionan con la creciente presión social y los conflictos que enfrentan los profesionales de la salud con la población. Estas situaciones, exacerbadas por la falta de recursos, generan un ambiente de trabajo estresante que incrementa el riesgo de incidentes conflictivos y agresiones, las cuales han aumentado con el paso de los años, afectando gravemente el estado emocional de los trabajadores de Atención Primaria.
Frente a esta situación, los sindicatos han pedido a la Consejería de Sanidad un compromiso genuino para desarrollar una planificación preventiva adecuada. La exigencia incluye la implementación inmediata de medidas que aborden las elevadas cargas de trabajo y la supervisión efectiva de los riesgos existentes.
Desde la perspectiva de los sindicatos, parece evidente que la Consejería de Sanidad ha mostrado una falta de interés en las condiciones laborales de los trabajadores de la Sanidad Pública. Este descuido es especialmente preocupante en el ámbito de Atención Primaria, donde el deterioro de la situación se ha vuelto alarmante y pone en riesgo la calidad de la atención brindada a los ciudadanos.
En respuesta a las acusaciones, la Consejería de Sanidad ha calificado la denuncia como "injustificada" y "sin fundamento". Insisten en que la Gerencia de Atención Primaria tiene un plan bien definido que incluye las 197 medidas mencionadas, las cuales se están ejecutando gradualmente en colaboración con los representantes de los trabajadores.
El departamento liderado por Fátima Matute ha resaltado que este plan tiene establecido objetivos y responsables para su seguimiento, con una visión de implementación que se extiende hasta el año 2027.
Entre los logros señalados, la Consejería informa que se ha producido una reducción del 7% en las agresiones a los profesionales de Atención Primaria comparado con 2023. Además, han asegurado que un total de 800 trabajadores han recibido capacitación en factores de riesgo psicosocial durante este año, y se han llevado a cabo diversas sesiones de formación sobre temas como la prevención de agresiones.
Por si fuera poco, la próxima semana se pondrá en marcha un programa formativo adicional destinado a que los profesionales de Atención Primaria manejen mejor posibles confrontaciones en los centros de salud, en colaboración con la Policía Nacional, beneficiando inicialmente a 400 trabajadores.
Asimismo, la Gerencia Asistencial ha reforzado la seguridad en los centros de salud, con un nuevo expediente que incluye la instalación de cámaras de vigilancia en 70 centros y un aumento en las medidas de control de seguridad, particularmente en los Puntos de Atención Continuada (PAC).
En otro orden de ideas, también se ha facilitado la comunicación y participación de los delegados de prevención a través de la creación de canales telemáticos, así como la Consulta Laboral monográfica de factores de riesgos psicosocial, que ha estado operativa desde 2021. En términos de carga de trabajo, se ha logrado reducir las vacantes en un 40% en un periodo de nueve meses durante este año.
Concluyendo, la Consejería de Sanidad sostiene que las afirmaciones de los sindicatos son engañosas y buscan distorsionar la realidad de los avances en las medidas implementadas. Insisten en que el único objetivo de estas acusaciones es obstruir los esfuerzos por mejorar la atención sanitaria en la región.
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