En una impactante noticia desde la capital española, la Fiscalía de Madrid ha iniciado acciones contra Carlo Ancelotti, el famoso entrenador del Real Madrid, pidiendo una pena de prisión de cuatro años y nueve meses. La acusación se basa en supuestas irregularidades fiscales en las que Ancelotti habría defraudado al Estado español un total de 1.062.079 euros durante los años fiscales de 2014 y 2015.

La Agencia Tributaria ha recuperado parte de esta deuda a través de un embargo, lo que ha elevado la cantidad total que Ancelotti debe abonar a 1.217.958,24 euros, incluyendo un recargo de apremio de 243.593,71 euros y 47.298,10 euros en intereses. La acusación incluye dos cargos por delitos contra la Hacienda Pública, y la fiscalía ha solicitado, además, multas por un total de 3.186.237 euros. El juicio está programado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el fiscal, Ancelotti, a pesar de haber confirmado su residencia fiscal en España y de haber declarado que su domicilio estaba en Madrid, sólo incluyó las ganancias de su trabajo en el club en sus declaraciones de impuestos, omitiendo intencionadamente los ingresos que obtuvo por la explotación de sus derechos de imagen, que aparentemente había cedido a otras entidades de manera ficticia.

El documento de acusación revela que el 4 de julio de 2013, el entrenador firmó un contrato para trabajar con el Real Madrid que se extendía hasta el 30 de junio de 2016. Este acuerdo establecía no solo su salario, sino también los beneficios derivados de la cesión de sus derechos de imagen al club.

Ancelotti se trasladó a España y estableció su residencia en Madrid desde julio de 2013, aunque su relación laboral con el club terminó antes de lo previsto el 25 de mayo de 2015. A pesar de ello, se indica que continuó viviendo en el país y que, en ese período, generó más de 14 millones de euros solo por su labor en el Real Madrid, lo que implica que estaba obligado a tributar en España.

La fiscalía acusa a Ancelotti de haber implementado un complejo sistema para evadir impuestos sobre los ingresos que recibía por su imagen, utilizando un entramado de sociedades y fideicomisos. Se argumenta que simuló ceder sus derechos de imagen a entidades sin actividad real, con el propósito de mantener en la sombra al verdadero beneficiario de estos ingresos y esquivar sus obligaciones fiscales.

Mediante un contrato privado firmado el 1 de julio de 2013, Ancelotti supuestamente cedió sus derechos de imagen a Vapia Limited por un monto de 25 millones de euros, aunque este acuerdo presentaba características cuestionables. Al día siguiente, dicha sociedad le otorgó plenos poderes para gestionar estos derechos a cambio de una simbólica remuneración de 1 euro.

La acusación alega que se realizaron modificaciones significativas a este contrato original, reduciendo el periodo de explotación de 10 a 3 años y rebajando el precio a un millón de euros anuales, sin que el acusado recibiera compensación alguna por esta alteración del acuerdo.

Parallelamente, en el mismo día que firmó su contrato con el Real Madrid, Ancelotti entró en un acuerdo privado en el que actuó en nombre de una sociedad no identificada que supuestamente explotaría sus derechos de imagen. No obstante, la identificación de esta entidad fue realizada muy tarde, casi un año después, lo que genera más dudas sobre su verdadera titularidad.

A pesar de que cumplió con sus declaraciones de impuestos, Ancelotti solo declaró las retribuciones recibidas del club, omitiendo los ingresos por sus derechos de imagen. Esto le permitió presentar declaraciones con saldos negativos y obtener devoluciones de la Agencia Tributaria, que finalmente totalizaron 39.575,17 euros en 2014 y 529.078,41 euros en 2015, cantidades que ahora se cuestionan en el marco de la acusación.

Además, se señala que el entrenador no declaró ser propietario de dos inmuebles en el extranjero, lo que llevó a la Hacienda española a calcular el daño fiscal sufrido en un total de 1.062.079 euros. Esta cifra refleja las rentas y los ingresos que no fueron reportados y que resultaron en las devoluciones que él recibió durante esos ejercicios fiscales.