En un caso que resalta la urgencia de abordar la violencia por prejuicio, la Fiscalía de Madrid ha solicitado una condena de seis años de prisión para un joven cubano de 25 años, que se encuentra en situación irregular en el país. Este individuo está acusado de agredir a una pareja homosexual en la estación de Metro de Lavapiés el pasado 1 de mayo de 2024.

El juicio del imputado está programado para el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía le atribuye dos delitos de lesiones, con la agravante de discriminación por orientación sexual, lo que refleja una carga emocional y social asociada a los ataques motivados por odio.

Según el relato presentado por el fiscal, el ataque comenzó alrededor de las 22:25 horas, cuando el acusado, influenciado por sus propios prejuicios, se acercó a la pareja, S. L. G. y D. E. G., quienes se encontraban abrazados en el andén del metro.

Los detalles de la agresión revelan un acto de violencia perturbador: el acusado empujó a uno de los jóvenes, lo que desencadenó una serie de golpes, incluyendo puñetazos y patadas. Este ataque se convirtió en un momento crítico, ya que uno de los jóvenes cayó a las vías del metro al tratar de levantarse después de recibir varios golpes, mientras que su pareja también fue derribada y golpeada.

Fortuitamente, ambos lograron escapar de la situación peligrosa y la seguridad de la estación interpuso su intervención, deteniendo al agresor hasta la llegada de la policía. Desde el 12 de diciembre de 2024, el acusado se encuentra en prisión provisional, medida adoptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y reafirmada en audiencias posteriores.

En el marco del juicio, la Fiscalía no solo busca justicia penal, sino que también propone una serie de medidas importantes. Pide una pena de tres años por cada delito de lesiones, junto con la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante cinco años. Además, propone que, tras cumplir dos tercios de la condena, el resto de la pena sea sustituido por la expulsión del país durante seis años, conforme al artículo 89 del Código Penal.

En cuanto a la reparación económica, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a S. L. G. con un total de 2.600 euros, desglosados en compensaciones por lesiones, secuelas y daños morales, y a D. E. G. con 2.050 euros por daños similares. Esta solicitud no solo busca reparar el daño sufrido, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia ante la violencia motivada por la orientación sexual.