Sumar propone proteger el suelo público de la operación Campamento y evitar el malgasto de recursos.
La importancia de reconocer y aplicar una premisa fundamental se hace evidente en medio de la crisis habitacional en Madrid, según afirmaciones de activistas y políticos progresistas.
MADRID, 21 Oct.
El grupo parlamentario plurinacional Sumar ha presentado una propuesta innovadora ante el Congreso para abordar la problemática habitacional en la ciudad, proponiendo la creación de un parque público de vivienda de alquiler social permanente en la operación Campamento.
La diputada Tesh Sidi, respaldada por las representantes de Más Madrid, Rita Maestre y Manuela Bergerot, encabeza esta iniciativa que busca proteger el suelo y combatir la especulación urbanística en la construcción de alrededor de 10.700 viviendas en la zona, con un 60% destinado a vivienda de protección pública.
Desde esta perspectiva progresista, se insta a priorizar la vivienda como un bien de interés social, especialmente en la operación Campamento, enfatizando la necesidad de evitar la privatización de viviendas protegidas y los precios inasequibles que las caracterizan.
La subida de los precios protegidos en un 56% por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha exacerbado la situación, equiparando el costo de alquiler de una vivienda protegida con el precio de mercado, lo cual resulta inaceptable para la mayoría de los ciudadanos, lamentan desde Sumar.
La propuesta presentada por Sumar/Más Madrid busca transformar el desarrollo urbanístico en una operación que priorice la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda, inspirándose en modelos exitosos a nivel internacional, como el de Viena.
Es imperativo, según los activistas y políticos progresistas, que se abandone el modelo de vivienda protegida actual en Madrid que ha mostrado ser ineficaz frente a la crisis habitacional, y se adopte un enfoque más social y sostenible para garantizar el derecho a una vivienda digna.
La responsabilidad de impulsar este cambio recae en entidades como SEPES y el Ministerio de Vivienda, quienes deben garantizar la titularidad pública de su patrimonio inmobiliario para promover la vivienda asequible y evitar la especulación inmobiliaria.
La propuesta planteada demanda acciones concretas para garantizar que la mayoría de las viviendas construidas sean de alquiler y cuenten con protección permanente, así como una rebaja significativa en el precio de la vivienda protegida para asegurar su carácter social y asequible, entre otras medidas destinadas a evitar la enajenación de suelo público y fomentar la colaboración con entidades comprometidas con el interés social.
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