En un giro preocupante para la economía regional, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha advertido que la Comunidad de Madrid afronta pérdidas estimadas de alrededor de 260 millones de euros por mes. Esta merma en los recursos se debe a la reciente caída de las entregas a cuenta, parte de un decreto ómnibus que el Gobierno central trató de aprobar, pero que fue bloqueado por la oposición del propio Partido Popular, así como de Junts y Vox en el Congreso de los Diputados.

Albert se dirigió a los medios el viernes después de un encuentro con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de España (ATA). En sus declaraciones, enfatizó que la indefinición en la actualización de los pagamentos mensuales de la Administración central hacia las comunidades autónomas es un hecho que genera malestar en el gobierno regional, resaltando que esta situación "molesta y duele".

La consejera detalló que la falta de actualización para el ejercicio de 2025, que representaría una inyección de 135 millones de euros al mes, se traduce en un impacto directo sobre servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Además, los recortes a la actualización de 2024, que sumarían otros 126 millones, agravan aún más la situación. Albert subrayó que, en total, estos más de 260 millones de euros que ya corresponden a la comunidad se verán pospuestos debido a decisiones que dependen de las negociaciones bilaterales entre Junts y el presidente Sánchez.

Las entregas a cuenta son sumas que el Estado anticipa a las comunidades autónomas basándose en proyecciones de recaudación fiscal, y constituyen un mecanismo crucial para el financiamiento de sus operaciones. En este sentido, Madrid es una de las comunidades que más se ve perjudicada por esta situación, con pérdidas cercanas a 1.280 millones de euros, en la misma línea que Andalucía y Cataluña.

En un giro notable, el Gobierno presentó un nuevo decreto ómnibus, este finalmente acordado con Junts, en el que se excluyeron varias de las medidas del primer proyecto. Entre esas medidas eliminadas se encontraban precisamente estas críticas entregas mensuales a las comunidades autónomas, reforzando la incertidumbre sobre el futuro de la financiación regional.

Finalmente, Rocío Albert enfatizó el papel preponderante del presidente de Junts, Carles Puigdemont, quien ha afirmado que todos los temas fiscales han quedado fuera de las negociaciones, una declaración que añade más tensión a un panorama ya complicado para la Comunidad de Madrid y su economía.