En el marco de un juicio por un presunto fraude fiscal que involucra un millón de euros correspondientes a los años 2014 y 2015, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha expresado su posición ante las acusaciones, afirmando que jamás consideró la posibilidad de defraudar. Según Ancelotti, fue la propia institución blanca la que le propuso una estrategia para gestionar sus derechos de imagen, la cual él consideraba legítima y beneficiosa para el club en términos fiscales.

El técnico italiano enfrenta una severa condena de casi cinco años de prisión, además de una millonaria multa que asciende a más de tres millones de euros, debido a supuestos delitos contra la Hacienda Pública. La Agencia Tributaria ya ha ejecutado el embargo de la deuda tributaria, que incluye recargos e intereses, totalizando la suma de 1.217.958,24 euros.

Uno de los momentos destacados del juicio fue cuando el abogado de Ancelotti solicitó la inclusión de un documento que prueba que el entrenador instruyó al club para que realizara el pago que se le exigía, en respuesta a los argumentos de la Abogacía del Estado que sugerían que esta acción no fue voluntaria.

Durante su declaración, Ancelotti recordó que al unirse al Real Madrid en 2013, firmó un contrato donde acordó que un 15% de su salario sería a través de derechos de imagen, estableciendo así un marco que incluía la creación de una sociedad para gestionar esos ingresos.

El entrenador también abordó las inquietudes del fiscal sobre la formación de sociedades que pudieran haber tenido el objetivo de eludir el pago de impuestos por sus derechos de imagen, subrayando que siempre negoció teniendo en cuenta su salario neto. Ancelotti explicó que se centró en asegurar un ingreso de seis millones de euros por temporada, restando importancia a los derechos de imagen, que considera menos relevantes que el rendimiento de los jugadores, quienes generan más ingresos a través de la venta de camisetas.

El técnico reiteró que nunca tuvo la percepción de que sus acciones pudieran ser consideradas inapropiadas o fraudulentas. De hecho, dijo que fue aproximadamente en 2018 cuando la Fiscalía le informó acerca de las acusaciones, lo que le sorprendió, ya que no había oído hablar del supuesto fraude antes de eso. "Siempre pensé que todo había sido correcto", declaró.

Ancelotti enfatizó que la sugerencia del Real Madrid para gestionar sus derechos de imagen se alineaba con las prácticas del fútbol y que él pensó que era una forma válida de compensación. Resaltó que su involucramiento en esos aspectos estuvo limitado a las recomendaciones ofrecidas por sus asesores fiscales.

Además, el entrenador explicó que el club había decidido pagarle una parte de su salario a través de derechos de imagen, cediendo el 50% de estos ingresos. Reiteró que no consideraba esta discusión importante, ya que los entrenadores, en su opinión, no tienen un impacto significativo en las ventas de merchandising.

Por otro lado, la Fiscalía sostiene que Ancelotti, aunque confirmó su residencia fiscal en España y declaró su domicilio en Madrid, solo reportó a la Hacienda las compensaciones recibidas del Real Madrid, omitiendo los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen, que erróneamente intentó transferir a otras entidades.

El documento de acusación detalla que en julio de 2013, Ancelotti firmó un contrato como entrenador del Real Madrid, que abarcaría desde el 5 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2016. Este contrato estipulaba no solo su salario, sino también los rendimientos por la cesión de sus derechos de imagen al club.

Aunque el técnico dejó el Real Madrid antes de tiempo en 2015, su permanencia en España se produjo entre julio de 2013 y octubre de 2015, durante los cuales ese país se convirtió en su centro de actividad personal y profesional. En total, recibió más de 14 millones de euros del club en salários durante ese tiempo, lo que, según la Fiscalía, implica que debía haber tributado por su renta en España.

Finalmente, la Fiscalía argumenta que Ancelotti parece haber utilizado un entramado complejo de sociedades y fideicomisos con el fin de evitar declarar las ganancias que percibía de sus derechos de imagen, un esquema que complica aún más la acusación que enfrenta.