La organización Arcópoli, junto a ocho colectivos más, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en respuesta a las declaraciones de la concejala de Vox, Carla Toscano, durante el Pleno de Cibeles el 24 de junio. Según la asociación, las intervenciones de Toscano estaban impregnadas de discursos que promueven el odio hacia la comunidad LGTBI+, generando un ambiente de estigmatización y criminalización.

“Nos enfrentamos a algo más profundo que una simple agresión al colectivo LGTBI+. Se trata de salvaguardar los cimientos de nuestra democracia, así como los valores de igualdad y convivencia pacífica. Esto es una reacción ante el desprecio hacia la pluralidad y los derechos humanos”, afirmaba Luis Fernando Rosales, coordinador general de Arcópoli, en un comunicado.

La denuncia menciona que Toscano realizó afirmaciones sumamente perturbadoras, como que “la bandera LGTBI es un símbolo de totalitarismo” y que “la ideología de género favorece la pederastia”, además de cuestionar la esencia de la celebración del Orgullo y acusar a Arcópoli de promover la sexualización entre menores. Estos comentarios han sido catalogados como inaceptables por la organización.

Arcópoli ha señalado que los comentarios de Toscano cruzan una línea crítica y son incompatibles con un Estado democrático. Por esta razón, han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, quien debe responder al que consideran un ataque institucional inédito contra los derechos fundamentales del colectivo LGTBI+.”

En su petición al Defensor del Pueblo, Arcópoli ha concretado tres acciones esenciales: investigar si estas declaraciones constituyen una violación de derechos fundamentales, emitir una recomendación oficial al Ayuntamiento de Madrid y al Grupo Municipal Vox para que respeten los derechos de las minorías, y pedir a la Fiscalía que evalúe posibles responsabilidades penales por incitación al odio e injurias graves hacia poblaciones vulnerables.

Rosales ha subrayado la urgencia de responder sin vacilación ante este discurso de odio que se disfraza de libertad de expresión. “La libertad de expresión no debe ser un escudo para justificar la violación de derechos humanos. Lo que se vio en el pleno fue un acto de criminalización que demanda justicia y reparación para quienes sufren”, concluyó el activista.