La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado lo que considera un "chantaje" y "mala praxis" en el nuevo modelo de financiación que el Gobierno de España ha acordado con las comunidades autónomas, en el que ha incluido a Oriol Junqueras, líder de ERC, a quien califica despectivamente como "expresidiario".

En una declaración ante los medios, Ayuso manifestó su descontento por lo que considera decisiones tomadas "a espaldas del pueblo español", resaltando que los detalles sobre este acuerdo han sido revelados gracias al trabajo de la prensa independiente. Afirmó que esto implicaría la transferencia de 5.000 millones de euros adicionales a Cataluña, destacando su preocupación por lo que él considera un trato favorable hacia el independentismo.

La presidenta criticó la introducción de "nuevos conceptos económicos" que, a su juicio, son solo estratagemas para equilibrar cuentas y ofrecer "migajas" al resto de las comunidades. Afirmó que los términos propuestos son una especie de "ultimátum": "o aceptas lo que se te presenta o te quedas sin nada", lo que consideró un acto de chantaje en lugar de una política solidaria.

Ayuso describió estas acciones como una muestra de "impunidad" y un "robo" que perpetúa el abandono de aquellas regiones que reciben menos recursos. Denunció lo que considera un "ataque" a las universidades de España y lo calificó como un intento de cimentar una "nación paralela", lo que ella vio como un indicativo claro de corrupción estatal.

Según la presidenta madrileña, la propuesta significaría que Cataluña contribuiría con 1.450 millones menos al Fondo de Solidaridad, sugiriendo que esto busca ahogar económicamente a Madrid, una de las regiones más importantes del país, en favor de los intereses de los nacionalistas. Esta situación, se quejó, es la "gran obsesión" de los separatistas.

Ayuso recordó que Madrid solía aportar el 76% del fondo que subsidia los servicios públicos de otras comunidades, pero ahora anticipa que esta contribución podría ser "incalculable". No descartó enfrentar problemas severos para mantener los servicios, insinuando que tal precariedad podría ser un plan para deslegitimar la gestión del Gobierno regional.

El Gobierno de España, a su juicio, solo busca "dividir" al país y distraer de lo esencial: el futuro compartido de la nación. Alertó sobre las consecuencias de estas decisiones afirmando que a este paso se estaría rompiendo la cohesión nacional, enfatizando que Madrid es fundamental para la identidad nacional de España.

Por otro lado, Ayuso criticó al presidente del Gobierno por su intención de transferir "las últimas cinco competencias" al PNV sin ofrecer explicaciones claras, un acto que, según ella, es un "tráfico de poder" que se realiza sin el consentimiento de los ciudadanos.

La presidenta concluyó que ceder los recursos del Estado para facilitar acuerdos políticos a espaldas del pueblo es un acto de "corrupción de Estado", que afecta directamente el futuro y la estructura de España.