El Debate sobre el Estado de la Región comenzará este jueves en la Asamblea de Madrid, marcando el inicio de un nuevo año parlamentario. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se reencontrará con líderes de la oposición, incluyendo representantes de Más Madrid, PSOE y Vox, en un contexto donde la crisis en Gaza y la situación migratoria tomarán protagonismo.
Durante su intervención programada para el jueves, Ayuso presentará un balance de lo que ha sido su gestión y delineará las principales estrategias de su gobierno para el próximo año. Algunas de las iniciativas que anticipará ya han sido discutidas en los días previos al debate.
La presidenta hablará sin restricciones de tiempo a partir de las 12:00 horas y se espera que introduzca propuestas como la creación de una ley innovadora que considere a los concebidos no nacidos en relación a las ayudas y prestaciones familiares.
Uno de los temas centrales en su agenda será la vivienda, donde planea lanzar un nuevo Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027 que incluirá múltiples iniciativas. Esto abarca la elaboración de una nueva Ley de Ordenación del Territorio que buscará fomentar la construcción de más casas asequibles con procesos de tramitación más rápidos, además de facilitar el acceso a la compra de la primera vivienda hasta los 50 años.
Como parte de su discurso, Ayuso también se dirigirá a la esfera política nacional, donde es probable que critique al Gobierno central de Pedro Sánchez, especialmente tras el inicio del juicio relacionado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los conflictos internacionales, particularmente la crisis en Gaza, se contemplan como posibles temas de conversación en la asamblea, en especial tras las recientes decisiones del Gobierno y las manifestaciones en el contexto de la Vuelta Ciclista a España. En esta línea, Ayuso ha escrito al Ejecutivo exigiendo “máxima seguridad” en eventos públicos y ha denunciado la percepción negativa que genera en España ante la comunidad internacional por las protestas pro-Palestina.
Después de su intervención, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, suspenderá la sesión que se reanudará con las exposiciones de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, quienes tendrán un tiempo limitado de treinta minutos cada uno para presentar sus argumentos.
La primera en tomar la palabra será Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, seguida por Mar Espinar del PSOE, e Isabel Pérez Moñino de Vox. Cerrará el turno Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP y representante del grupo gubernamental.
Ayuso tendrá la opción de responder a cada partido de forma individual durante 45 minutos o hacerlo de manera global en un lapso de 90 minutos. Tras esto, cada grupo contará con 15 minutos para una segunda intervención.
El debate concluirá con la intervención final de Ayuso, que se limitará a quince minutos si opta por responder en forma individual o a treinta si prefiere un discurso global.
Una vez cerrado el debate, los grupos parlamentarios tendrán un plazo de hasta 60 minutos para presentar propuestas de resolución breves, las cuales se podrán defender posteriormente durante un tiempo máximo de diez minutos cada una y se votarán en estricto orden de relevancia numérica dentro de la Asamblea.
Previo al debate, los representantes de los diferentes grupos se preparaban en una rueda de prensa posterior a la reunión de Portavoces, donde outlinearon los ejes centrales de sus intervenciones. Este año, Ayuso ha cambiado la dinámica, agendando las primeras reuniones con los partidos tras el Debate sobre el Estado de la Región, una decisión inusual con respecto a años anteriores.
El grupo de Vox ha señalado que sus peticiones se centrarán en temas como el cierre de los centros de acogida para migrantes y la eliminación de gastos superfluos. Por su parte, el PSOE enfatiza la necesidad de fortalecer los servicios públicos y el Estado del Bienestar, mientras que Más Madrid se propone dejar claro los contrastes entre su visión progresista y el enfoque más conservador de Ayuso, haciendo hincapié en la justicia fiscal y el derecho a la vivienda para todos los madrileños.
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