La Comunidad de Madrid intensifica su oposición al Gobierno central al presentar un tercer recurso judicial relacionado con el nuevo real decreto sobre la acogida de menores migrantes. Este decreto, que establece la capacidad de recepción de cada comunidad autónoma y permite la declaración de contingencia migratoria en caso de sobrepasar dicha capacidad, ha generado un intenso debate político al inicio del nuevo curso.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se hizo oficial el martes durante un Consejo de Ministros, ha sido contestada de inmediato por el gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso. Este nuevo recurso se suma a las demandas legales previas presentadas ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en los meses anteriores, consolidando la postura de confrontación entre ambas administraciones.

De acuerdo con el decreto, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid lideran la capacidad de acogida con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas, respectivamente. Además, el documento especifica que, en caso de que una comunidad supere su capacidad ordinaria de acogida, podrá solicitar una redistribución de menores migrantes. Esto ha llevado a que el gobierno central asigne números específicos de menores a cada comunidad, distribuyéndolos según criterios demográficos y de recursos.

La asignación ha sido criticada por el gobierno madrileño, que la califica de "opaca y arbitraria". Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, ha declarado que este enfoque genera desigualdades y vulnera los principios de solidaridad entre comunidades autónomas. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, también se ha expresado en términos incendiarios, acusando al gobierno de colaborar con independentistas para mantener un sistema injusto que excluye a territorios como el País Vasco y Cataluña.

En contraposición, Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, defendió la equidad en el reparto, destacando que tanto Cataluña como el País Vasco tienen una capacidad de acogida mucho mayor de lo que se les asigna. García criticó la incapacidad de la Comunidad de Madrid, a pesar de ser una de las más ricas de España, para acoger a un número manejable de menores migrantes.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, también arremetió contra la postura del gobierno madrileño, señalando la hipocresía de rechazar la acogida de menores migrantes africanos mientras que anteriormente se habían acogido a cientos de menores ucranianos sin inconvenientes. La respuesta del gobierno de Ayuso se centra en la sobrecarga de los centros, con Dávila argumentando que estos están operando entre un 130% y un 150% de su capacidad.

A pesar de las quejas sobre la saturación, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a llevar el asunto ante los tribunales, argumentando que el reparto es ilegal. Los recursos anteriores se han centrado en la invocación de competencias defectuosas por parte del gobierno estatal en materia de protección de menores y asistencia social.

El último recurso, que se prevé presentar en los próximos días, alegará nuevamente la violación de las competencias autonómicas al implementar el reciente real decreto. Mientras tanto, Dávila ha declarado que, si bien la Comunidad de Madrid siempre cumple con la ley, se mantiene cautelosa respecto a cualquier acogida futura de menores migrantes hasta que se resuelvan estas cuestiones legales.