En un reciente informe presentado por el Defensor del Pueblo, se reveló que en la Comunidad de Madrid se registraron un total de 8.045 quejas durante el último periodo analizado. Este documento fue expuesto en el Congreso de los Diputados y en el Senado, destacando preocupaciones significativas sobre varios temas sociales en la región.

Entre las principales quejas se encuentran aquellas relacionadas con las zonas de bajas emisiones (ZBE), las viviendas de uso turístico y el deficiente servicio de Cercanías. Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, presentó un desglose de las acciones llevadas a cabo durante 2024, evidenciando la necesidad de avances tangibles en estos temas.

El informe subraya la falta de progreso en la implementación de las zonas de bajas emisiones, remarcando que ciertas localidades como Aranjuez, Arganda del Rey, y Valdemoro aún no han iniciado el proceso necesario para su aplicación. Esta demora resalta la urgencia de que las autoridades locales hagan frente a la problemática medioambiental que afecta a la ciudad.

El servicio de Cercanías, que diariamente transporta cerca de un millón de usuarios entre Madrid y Barcelona, ha sido calificado como una de las áreas más problemáticas a nivel estatal, especialmente debido a las crecientes quejas por retrasos y la congestión en los trenes. Los datos de Renfe para 2024 indican que aproximadamente 4.400 trenes fueron cancelados, lo que equivale al 1,62% de los servicios programados, generando frustración entre los pasajeros.

El informe también muestra que la puntualidad de los trenes varió considerablemente a lo largo del año, con un pico del 93,90% de puntualidad en febrero, mientras que se alcanzó un 98,34% en junio. Estos datos ponen de manifiesto la fluctuación en la fiabilidad del servicio y la necesidad urgente de mejoras.

Por otra parte, el problema de las viviendas de uso turístico sigue siendo crítico. A pesar de que un número significativo de estas propiedades está operando sin la debida autorización, las autoridades competentes parecen acumular retrasos en las inspecciones necesarias para detener estas prácticas ilegales. Un reciente anuncio del Ministerio de Derechos Sociales reveló que se han identificado más de 15.200 pisos turísticos no regulados en la capital.

En respuesta a esta situación, el Defensor del Pueblo instó a la Comunidad de Madrid a acelerar los procesos de sanción para los infractores, enfatizando la importancia de actuar rápidamente para proteger el derecho a vivir en un entorno regulado. Además, se resaltó la existencia de un bono alquiler joven destinado a ayudar a los menores de 35 años, que, a pesar de su necesidad, se enfrenta a retrasos en su tramitación que han superado el año.

El informe también pone de relieve la grave falta de suministro eléctrico en la Cañada Real, lo que ha llevado al Defensor del Pueblo a presentar una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Este organismo ha señalado que el Estado español ha estado violando varios derechos fundamentales de sus ciudadanos que habitan en esta área vulnerable, y ha instado a la restauración inmediata del suministro eléctrico.

Asimismo, las quejas relacionadas con el Impuesto de Sucesiones también han sido un foco de atención, ya que muchos ciudadanos se sienten desinformados y desasistidos ante las limitaciones impuestas por la Consejería de Hacienda, que ha restringido el acceso a citas solo para ciertos trámites.

Finalmente, el informe concluye con una referencia a la falta de centros educativos adecuados en áreas con creciente población escolar. A medida que avanza el año, el Defensor del Pueblo está revisando los expedientes abiertos por diversas áreas, y la cifra total de quejas en 2024 resalta problemas significativos en la administración de Justicia, Asilo, Empleo y Educación en la Comunidad de Madrid, contribuyendo a un total nacional de 34.402 quejas.