Unas alarmantes amenazas se han convertido en el centro de atención en la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha desmantelado una red de estafadores que usó el miedo para perpetrar sus crímenes. La Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes españoles de 21 años, quienes, bajo la fachada de difundir advertencias sobre supuestos atentados, estaban realmente intentando engañar y robar a sus propios compañeros estudiantes.

La situación se desató el pasado 31 de octubre, cuando, en medio de una fiesta universitaria, un individuo comenzó a propagar un rumor aterrador entre los alumnos del doble grado de Filosofía y Derecho. Este rumor afirmaba que se iba a llevar a cabo un ataque con armas en su facultad. La información se extendió como la pólvora en redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando una ola de pánico entre la comunidad estudiantil.

Frente a esta crisis, las autoridades no tardaron en actuar. La Policía Nacional, en colaboración con la Universidad Complutense, puso en marcha una investigación para determinar la veracidad de las amenazas. Después de varios días de indagación, las conclusiones fueron claras: “No hay ningún indicio que permita suponer que haya un riesgo por encima del habitual", según un correo electrónico dirigido a los estudiantes al que tuvo acceso Europa Press.

No obstante, el miedo ya había calado hondo. A pesar de que las instalaciones de la universidad permanecían abiertas, el 5 de noviembre, fecha en la que se suponía que ocurriría el ataque, más de 6,000 alumnos optaron por no asistir a clase, paralizados por las amenazas.

Los jóvenes detenidos habían capitalizado el sentimiento de vulnerabilidad que se apoderó de los estudiantes. Aprovechando la situación, comenzaron a enviar mensajes amenazantes acompañados de imágenes de armas de fuego y munición. Cuando los estudiantes se atrevían a confrontarlos por estas intimidaciones, respondían con más amenazas, insinuando que podrían hacerles daño a ellos o a sus familias.

Las investigaciones revelaron que el objetivo de estos sospechosos era claro: recolectar datos personales de la comunidad educativa. Utilizando tácticas de ingeniería social y aprovechando los grupos de chat, lograban obtener números de teléfono y luego contactaban a las víctimas de forma directa, pidiéndoles que compartieran información personal o copias de sus documentos de identidad.

Una vez en posesión de los datos, los detenidos abrían cuentas bancarias a su nombre, lo que les permitía llevar a cabo estafas y otras actividades ilícitas. Los investigadores han podido rastrear al menos seis casos de estafa vinculados a la apropiación indebida de datos personales. La operación sigue activa, lo que sugiere que podrían producirse nuevas detenciones en el futuro cercano.