El pasado martes en Madrid, el abogado especializado en derecho fiscal, Javier Gómez Fidalgo, se presentó ante la jueza Inmaculada Iglesias para aclarar su papel en la inspección realizada por Hacienda a Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Gómez Fidalgo se desvinculó de las acusaciones de fraude fiscal que la Fiscalía ha imputado, un delito que podría sumar más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021, según informaron fuentes del ámbito legal.

La jueza, a cargo del Juzgado de Instrucción número 19, procedió a interrogar a Gómez Fidalgo sobre su posible complicidad en dos delitos fiscales relacionados con este caso de presunto fraude tributario, que ha despertado atención mediática y política.

Durante su comparecencia, el abogado confirmó que su relación con Alberto González comenzó en mayo de 2022, en el contexto de la inspección tributaria que ha dado impulso a este proceso judicial. Se defendió de las acusaciones de la Fiscalía, que lo señalaban como el responsable de las declaraciones de impuestos de la empresa Masterman & Whitaker correspondientes a los años 2020 y 2021.

Gómez Fidalgo enfatizó que no había tenido involucramiento alguno en los supuestos delitos que se le atribuyen al novio de la presidenta regional y detalló que su conexión fue exclusivamente profesional, derivada de la intervención fiscal mencionada anteriormente.

En el contexto de la investigación, la Fiscalía ha solicitado que María Blanca de la Encarnación López Crespo, quien es responsable de las autoliquidaciones de Maxwell Cremona para los mismos ejercicios discutidos, declare como testigo. A diferencia de Gómez Fidalgo, el fiscal considera que no existen suficientes pruebas para imputarla, pero su testimonio podría ser relevante para esclarecer el caso y la responsabilidad de los posibles implicados en el fraude.