En un giro inesperado en el mundo del deporte, el caso judicial que enfrenta al entrenador del Real Madrid, Carlos Ancelotti, ha suscitado una intensa discusión sobre la ética en el manejo de las finanzas deportivas. La defensa de Ancelotti argumenta que este se encontraba "mal asesorado" y confiaba plenamente en la validez de los contratos que había firmado, una afirmación que contrasta con las alegaciones del fiscal.

Durante el juicio, se presentaron pruebas que apuntan a un presunto fraude fiscal que habría tenido lugar entre 2014 y 2015, lo que ha llevado al fiscal a solicitar una condena de casi cinco años de prisión para el entrenador italiano. La acusación destaca que el uso de un entramado empresarial en las Islas Vírgenes Británicas para gestionar los derechos de imagen de Ancelotti es indicativo de un plan para eludir impuestos en España.

La argumentación del fiscal se basó en la evidencia presentada por peritos de la Agencia Tributaria, quienes confirmaron la existencia de pruebas sustanciales para respaldar los cargos de fraude fiscal. A pesar de la defensa que alega un error de asesoramiento, el fiscal enfatizó que esto no exime a Ancelotti de responsabilidad, especialmente considerando que no realizó ninguna acción correctiva cuando se le notificó sobre su situación tributaria en 2018.

La cantidad que se reclama como deuda tributaria asciende a más de 1,2 millones de euros, además de multas que podrían alcanzar hasta 3,2 millones. La acusación sostiene que hubo una simulación en los contratos que Ancelotti firmó, con el objetivo de esconder la verdadera naturaleza de los ingresos derivados de sus derechos de imagen.

En respuesta a las acusaciones, el abogado del entrenador pidió su absolución, señalando incongruencias en la documentación presentada. La defensa argumenta que Ancelotti no tenía pleno conocimiento de las complejidades fiscales de los contratos, y que el club buscaba una forma de gestión fiscal más favorable. El letrado refutó la idea de que Ancelotti actuara de manera deliberada para evadir impuestos.

El exentrenador del Real Madrid explicó que, a su llegada al club, firmó un contrato que estipulaba que parte de su salario se pagaría a través de derechos de imagen, aunque él mismo minimizó su importancia, argumentando que el enfoque debería estar en los jugadores más que en él.

A pesar de su estatus como residente fiscal en España, Ancelotti fue acusado de no incluir los ingresos de sus derechos de imagen en sus declaraciones. De acuerdo con el fiscal, la estrategia utilizada por el entrenador para cargar los derechos a diferentes estructuras empresariales es vista como un intento deliberado de evitar la tributación adecuada en el país donde reside.

La tensión en el tribunal se intensificó a medida que se debatieron los detalles de los contratos firmados por Ancelotti, que datan de 2013. A pesar de haber residido y trabajado en España, el entrenador dejó el club antes de completar su contrato, lo que ha complicado aún más la situación tributaria. La Fiscalía cree que, bajo su régimen fiscal español, Ancelotti tiene la responsabilidad de tributar por sus ingresos, incluidos los generados por la cesión de derechos de imagen.