MADRID, 2 de septiembre. En un avance significativo para la economía de las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que permitirá aliviar de manera parcial la deuda que arrastran estas regiones, con un foco especial en la Comunidad de Madrid, que verá reducida su carga en 8.644 millones de euros, lo que representa una disminución del 24% de su pasivo, según ha informado el Gobierno en un comunicado oficial.

Este ambicioso plan contempla la asunción por parte del Estado de un total de 83.252 millones de euros en deuda autonómica, beneficiando especialmente a Andalucía y Cataluña. Con 18.791 millones y 17.104 millones respectivamente, estas comunidades concentrarán más del 43% del total de la condonación, un paso que podría transformar las finanzas públicas de estas regiones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó el impacto positivo de esta medida, estimando que los gobiernos regionales podrán ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones de euros en concepto de intereses, recursos que podrán ser redirigidos hacia áreas críticas como sanidad, educación y servicios de atención a la dependencia.

El anteproyecto establece que el 75% de los 83.252 millones de deuda que el Estado planea condonar se distribuirá utilizando el indicador de "población ajustada". Este método proporcionará una reducción promedio del 19% en la deuda de todas las comunidades, alineando intereses y necesidades sociales.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la reducción de la deuda que se contempla por parte del Estado representa una cuota significativa, alcanzando los 8.644 millones de euros, porcentualmente superior a la media general de condonación entre las comunidades autónomas, que se sitúa en un 19,3%.

El Gobierno ha resaltado que, sin incluir los fondos europeos, la Comunidad de Madrid ha recibido 43.000 millones de euros adicionales en comparación con los años del mandato de Mariano Rajoy. Entre las iniciativas adoptadas están los 5.210 millones destinados a combatir los efectos del Covid-19 y los 496 millones procedentes de las liquidaciones negativas de 2020 que el Estado ha asumido, lo que pone de manifiesto un compromiso claro con el apoyo a esta región.

El diseño de la ley orgánica incluye un marco metodológico para la distribución de la condonación de deuda a las comunidades, proceso que el Ministerio de Hacienda ya había compartido con los gobiernos autonómicos en febrero. La propuesta encontró respaldo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera realizado en ese mismo mes.

Además, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a mantener un diálogo continuo y técnico con las comunidades autónomas, incluidas reuniones con la Comunidad de Madrid, para garantizar la claridad y comprensión de los detalles de este proceso.

La metodología utilizada para la evaluación se centra en comparaciones entre el crecimiento de la deuda autonómica en tres periodos distintos: el aumento provocado por la crisis financiera entre 2009 y 2013, y la expansión de la deuda durante la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, de 2019 a 2023. Este análisis revela que, mientras la deuda se incrementó en 109.582 millones en la primera etapa, en la segunda solo subió en 29.272 millones, lo que pone en evidencia el sobreendeudamiento de las comunidades en el marco de la anterior crisis.

Para abordar este sobreendeudamiento, se aplicará un criterio técnico que facilitará un reparto equitativo de la condonación, utilizando como base el número de población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. La idea es asegurar que ninguna región quede por debajo de la media de condonación, garantizando que todas alcancen al menos un 19,3% de reducción de sus deudas.

Por otro lado, se implementarán ajustes adicionales destinados a reconocer a las comunidades que, por diferentes razones, han estado en desventaja. Esto incluye compensaciones para aquellas que han ejercido una mayor autonomía normativa en el IRPF, aunque en el caso de la Comunidad de Madrid, no se requerirán ajustes, dado su rendimiento actual.

La finalidad de estos ajustes es igualar las condiciones entre las comunidades en relación con la deuda condonada, tanto en términos absolutos como por habitante, asegurando que Madrid también se beneficia equitativamente de estas reformas.

Respecto a los próximos pasos, la ministra Montero ha informado que el anteproyecto será sometido a un periodo de audiencia pública para recibir aportes de las comunidades, con la aspiración de llevar la normativa al Congreso antes de finalizar el año y obtener su aprobación definitiva en el primer trimestre de 2026.

A pesar del optimismo, Montero ha instado a la prudencia, recordando que aún queda un proceso de enmiendas donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus modificaciones.