En la jornada del 14 de noviembre desde Madrid, se informa que Alberto González Amador ha llevado su disputa legal a un nuevo nivel al presentar una demanda ante el Tribunal Supremo (TS) contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta acción surge a raíz de unas declaraciones realizadas por la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Senado el pasado 12 de marzo, las cuales, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se consideran una invasión ilegítima a su derecho al honor.

La decisión de presentar esta demanda civil se produce tras la fallida conciliación que tuvo lugar el 2 de octubre, cuando González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, buscaba una retractación de la ministra respecto a sus comentarios. Montero no asistió a esta reunión conciliatoria, lo que llevó a González Amador a optar por el procedimiento judicial.

El contexto de la demanda radica en las declaraciones que realizó la ministra Montero, donde cuestionó a la presidenta madrileña por residir en un departamento que, según ella, se habría financiado a través de un fraude a la Hacienda Pública. Esta crítica se amplió al mencionar que dicho financiamiento podría estar vinculado a las comisiones obtenidas durante la crisis sanitaria por la venta de mascarillas en uno de los momentos más críticos de la pandemia.

Además, Montero expresó su sorpresa al señalar que Ayuso no solo tiene un hermano, sino también un novio que, aparentemente, podrían estar implicados en causas relacionadas con fraudes, ya sean por mascarillas o comisiones. La ministra instó a la presidenta regional a reflexionar sobre esta situación y a proporcionar explicaciones claras, especialmente considerando que Ayuso suele ser rápida al responder a otras acusaciones. “¿Por qué no responde a esta cuestión?”, preguntó Montero, subrayando la necesidad de transparencia.

Este enfrentamiento legal también se enmarca en un contexto más amplio, después de que se revelara por parte de 'elDiario.es' que la Fiscalía había presentado una denuncia contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal que supera los 350,000 euros, asunto que actualmente se encuentra bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.