En un giro significativo en el ámbito de la memoria histórica, el Tribunal Constitucional de España ha decidido esta semana aceptar a trámite un conflicto de competencias que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto contra el Ejecutivo central. Esta disputa surge a raíz de la intención del Gobierno nacional de designar la Real Casa de Correos, emblemático edificio en la Puerta del Sol y sede de la Presidencia madrileña, como Lugar de Memoria Democrática.

La controversia se centra en un acuerdo que data del 16 de octubre, cuando la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática comenzó los trámites para esta declaración. La Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha argumentado que este movimiento vulnera sus competencias en materia de memoria democrática y patrimonio histórico, ya que el inmueble en cuestión es de su titularidad.

La admisión del recurso ha sido respaldada por el Pleno del tribunal, que ha dado luz verde a la ponencia presentada por la magistrada Concepción Espejel, reconocida por su postura conservadora. La Comunidad sostiene que las acciones del Gobierno central sobrepasan sus atribuciones, especialmente al no considerar las normativas autonómicas pertinentes durante la declaración de un espacio como lugar de memoria.

Además, el Ejecutivo madrileño ha solicitado que se declare inconstitucional la parte de la Ley de Memoria Democrática que otorga al Estado el poder de declarar estos espacios sin consultar a las comunidades autónomas. También piden que se suspenda la tramitación del expediente administrativo relacionado, argumentando que podrían causar daños irreparables a la administración autonómica y afectar, en última instancia, a los ciudadanos de Madrid.

En un comunicado, el Tribunal ha decidido escuchar al Gobierno de Pedro Sánchez para que presente sus alegaciones al respecto. El consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado su rechazo a lo que considera una imposición del Gobierno central que busca colonizar las instituciones y promover una visión parcial de la historia.

El escrito presentado por la Comunidad de Madrid critica la falta de justificación de esta medida, señalando que un breve capítulo de la historia de la Real Casa de Correos no puede redefinir la profunda significación histórica del edificio. La Casa de Correos ha sido, a lo largo de más de dos siglos, un testigo de momentos cruciales de la historia española, incluyendo la proclamación de la Segunda República y los sucesos del 2 de mayo de 1808.

Este edificio, que cuenta con placas conmemorativas de importantes hechos históricos y víctimas de atentados, ha sido la sede de la Comunidad de Madrid durante cuarenta años. Desde su remodelación a finales de los años 90, ha mantenido su relevancia en la memoria colectiva de los madrileños, simbolizando eventos que van más allá de su uso institucional.