El Tribunal Constitucional de España ha tomado una decisión trascendental al suspender, este martes, una normativa de la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso. Esta normativa prohibía la instalación de una placa conmemorativa en la Real Casa de Correos, impidiendo así que este sitio se reconociera oficialmente como un lugar de memoria histórica.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio Tribunal, esta resolución se ha emitido tras aceptar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este recurso fue presentado en relación con el artículo 4 de la Ley 8/2024, que se refiere a mejoras en la gestión pública a nivel local y autonómico en Madrid, y que modifica otros artículos de la legislación regional sobre Gobierno y Administración.

La norma en cuestión se centra en la regulación de aspectos como la protección y la instalación de placas o distintivos conmemorativos en la Real Casa de Correos, un emblemático edificio situado en la Puerta del Sol y que actualmente alberga la presidencia de la Comunidad de Madrid.

El tribunal ha decidido suspender la aplicación de dicho artículo desde la fecha en que se presentó el recurso, el 27 de marzo, para las partes implicadas, y desde su publicación oficial para el público en general. Este movimiento se justifica bajo la premisa de que el artículo citado podría interferir con la Ley de Memoria Democrática, al limitar la capacidad estatal para asegurar la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes constitucionales.

El Gobierno busca erigir una placa en la Real Casa de Correos para recordar que dicho inmueble albergó la Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista, un periodo oscuro que, según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, estuvo marcado por atrocidades y torturas que todavía resuenan en la memoria colectiva de algunos ciudadanos.

Es relevante mencionar que el Tribunal Constitucional ya había acordado anteriormente admitir a trámite un conflicto de competencias presentado por la Comunidad de Madrid respecto a la intención del Gobierno central de clasificar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, evidenciando la tensión entre las dos administraciones sobre el legado histórico y la memoria colectiva.