El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra a punto de dar un paso importante la próxima semana, cuando su Pleno discutirá la ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez. Esta propuesta sugiere aceptar el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a los cambios realizados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la ley contra la "LGTBIfobia". Esta información ha sido confirmada por diversas fuentes legales consultadas por Europa Press.

En la agenda del Pleno del TC, programado para iniciar el martes próximo, se incluirá este recurso que cuestiona un apartado específico de la modificación de la Ley 18/2023, del 27 de diciembre, que a su vez altera la Ley 3/2016, del 22 de julio, destinada a proteger integralmente a las personas LGTBI y a combatir la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual en la región madrileña.

El punto en cuestión delimita quiénes pueden participar como interesados en el proceso administrativo para salvaguardar el derecho de igualdad de las personas LGTBI. Busca garantizar que se adopten las medidas necesarias para cesar conductas discriminatorias, prevenir infracciones futuras y compensar a las víctimas por daños sufridos, así como restablecer sus derechos.

La ley original, que fue ratificada por la entonces presidenta Cristina Cifuentes, otorgaba a quienes impulso su aplicación la condición de interesados, tales como individuos o colectivos que posean derechos o intereses legítimos.

En cuanto a las asociaciones y organizaciones que representan a la comunidad LGTBI y promueven los Derechos Humanos, la norma especificaba que pueden considerarse titulares de intereses legítimos colectivos, siempre y cuando cuenten con el consentimiento explícito de la víctima a la que representan.

Asimismo, la ley también reconocía como interesados a aquellos que aún no han iniciado un procedimiento administrativo pero cuyos derechos podrían verse impactados por las decisiones tomadas en este.

No obstante, la reciente reforma del Gobierno de Díaz Ayuso incorporó un nuevo apartado que establece que los derechos mencionados en relación a las asociaciones y entidades no se aplicarían en procesos penales o en procedimientos administrativos sancionadores.

Según indicó el TC en su momento, el recurso de Moncloa surgió debido a la preocupación de que esta modificación pudiera contradecir las competencias del Estado sobre legislación procesal y procedimiento administrativo común.

El Tribunal ya había decidido en julio pasado suspender la aplicación del artículo en cuestión, y ahora, de acuerdo con fuentes consultadas, parece que se inclinará a favor del recurso de Sánchez, respaldando la recomendación de Sáez, que cuenta con el apoyo mayoritario del Pleno.

En la misma sesión del Pleno, el TC también revisará el recurso presentado por la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en contra de la anulación de su nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos por parte del Tribunal Supremo.

En enero, el Tribunal ya había aceptado analizar la impugnación de Delgado sobre la sentencia que había revocado su nombramiento previo como fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, detectando en este caso una posible "desviación de poder" por parte del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Además, Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC, se ha abstenido de participar en los recursos presentados por Eduardo Esteban Rincón, cuya designación como fiscal de sala de menores había sido anulada en dos ocasiones por el TS, dado que Conde-Pumpido había sido fiscal general y superior jerárquico de ambos involucrados.