En un hecho que ha captado la atención pública, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena a tres años de prisión para un agente de movilidad tras haber falsificado un parte de denuncia con el fin de sancionar al amante de su ex pareja. Estos eventos se remontan a noviembre de 2022, cuando el agente, en un aparente acto de venganza, utilizó su autoridad para su beneficio personal.

La decisión del tribunal se produjo después de que el agente presentara un recurso para apelar la sentencia emitida en octubre de 2024 por la Audiencia Provincial de Madrid, que corroboró su culpabilidad en un delito de falsedad en documento oficial. Los magistrados consideraron insostenibles los argumentos del apelante y decidieron ratificar la condena, dejando en claro que la evidencias eran contundentes en su contra.

Además de la pena privativa de libertad, el TSJM estipuló una inhabilitación de dos años para el ejercicio de cualquier cargo público relacionado con la movilidad, sumado a una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros. Esta decisión busca enviar un mensaje firme sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.

En el juicio, el acusado intentó desviar la atención de su responsabilidad, argumentando que había proporcionado correctamente los datos de la matrícula del vehículo en cuestión durante su labor en la Plaza de la Independencia. No obstante, las pruebas y testimonios revelaron inconsistencias en su relato, particularmente en relación a la ubicación del coche y la veracidad de su declaración.

El agente, al ser interpelado por la fiscalía, insistió en que observó el vehículo en Madrid y rechazó la idea de tener algún tipo de animadversión hacia el afectado. Sin embargo, este último testificó que no tuvo conflictos previos con el acusado y que, de hecho, se encontraba en otra localidad en el momento de las presuntas infracciones.

Los hechos se desarrollaron en el contexto de una acción conjunta entre dos agentes de movilidad, donde uno de ellos observó a un conductor utilizando el teléfono móvil mientras cruzaba un semáforo en rojo. En una actuación que finalmente quedó manchada por intereses personales, el acusado proporcionó datos falsos para multar a la persona por infracciones de tráfico que no había cometido, desviando la atención de la real infracción observada.

Estas actitudes no solo perjudican a los ciudadanos afectados, sino que también minan la confianza en las instituciones de seguridad pública. La confirmación de la condena es un paso hacia la rendición de cuentas de quienes usan su posición para actos de venganza personal, reafirmando el compromiso por mantener la integridad y la ética en el servicio público en Madrid.