MADRID, 9 de diciembre.

La Asociación Verdad y Justicia llevará ante el juez de Instrucción número 23 de Madrid una petición para que se emita de forma urgente una orden de captura contra los ex altos funcionarios de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Pablo Busca. Su ausencia en la citación como investigados en el contexto del caso de las residencias ha motivado esta drástica solicitud.

Esta citación es parte de una investigación judicial que examina la posible negativa sistemática de atención sanitaria a los ancianos en residencias durante la primera ola de la pandemia, desencadenada por la denuncia de una familia afectada.

Esta mañana, estaban convocados Carlos Mur, quien fue responsable de la implementación del protocolo y director general de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, su sucesor y considerado el ideólogo del protocolo; y Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 durante la crisis sanitaria.

La comparecencia era un momento clave para dinamizar una investigación que ha permanecido estancada debido a conflictos de competencia entre diferentes juzgados de Madrid. Varios jueces se inhibieron para unir los casos en una macrocausa, pero el magistrado se opuso a esta solución y ahora el asunto está bajo el escrutinio de la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso que se investiga está relacionado con la muerte del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, lo cual está conectado al denominado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuyo uso es objeto de escrutinio judicial.

Hasta el momento, solo Francisco Javier Martínez Peromingo y un geriatra del Hospital Gregorio Marañón han comparecido. Ante la falta de los otros investigados, la abogada Alejandra Jacinta ha manifestado su intención de solicitar órdenes de captura.

La letrada ha indicado que se intentó localizar a ambos funcionarios en "tres o cuatro ocasiones" sin éxito, lo que genera confusión sobre cómo estos individuos pueden continuar evadiendo la justicia. Ha calificado esta situación de "burla" hacia los sufrimientos de las víctimas y el procedimiento judicial.

Mañana, los mismos tres investigados están convocados una vez más en otra causa que se está tramitando en los juzgados de Collado Villalba.

Durante su declaración, Martínez Peromingo admitió que los protocolos enviados a los geriatras eran "discriminatorios" y que había alertado sobre esto por escrito a Carlos Mur en múltiples ocasiones.

También mencionó que su única participación consistió en revisar borradores, dejando claro que la creación de estos protocolos fue tarea de Mur, y subrayó que las residencias carecían de la debida medicalización. Rechazó haber sido parte en la elaboración de esa estrategia protocolaria.

La abogada ha enfatizado en la necesidad de que todos los implicados revelen las responsabilidades correspondientes, indicando que las decisiones de un director general no se toman en el vacío. "Es hora de dejar de evadir la justicia", agregó.

Por su parte, el geriatra del Hospital Gregorio Marañón aseguró no haber tenido conocimiento de ningún protocolo que excluyera la atención hospitalaria, y confesó que se habían aplicado únicamente criterios clínicos propios durante la pandemia. También reconoció que el paciente del caso no fue trasladado al hospital, aunque no pudo ofrecer detalles sobre el diagnóstico.

Tras las audiencias, la hija del residente fallecido expresó su tristeza por la falta de comparecencia de los ex altos cargos y subrayó la importancia de esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas en esta crisis.

"Hemos esperado casi seis años por justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono", afirmó al salir del juzgado.

Para la acusación, la ausencia de Mur justifica la solicitud de órdenes de búsqueda y captura, decisión que ahora corresponde evaluar al juez encargado del caso.