Desde Madrid, el 1 de septiembre, se anticipa un nuevo curso judicial que traerá consigo casos de gran relevancia para la sociedad española. Entre ellos destaca el juicio por el escalofriante triple asesinato de los hermanos en Morata de Tajuña en 2023, así como la investigación que podría llevar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la vista oral por un presunto fraude fiscal.

El proceso en el caso del triple crimen comenzará el 20 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se acusará a Dilawar H. C., un hombre de origen pakistaní apodado "El Negro", de haber asesinado a los hermanos a golpe de palo debido a una supuesta deuda. Las víctimas fueron encontradas en su segunda residencia un mes después, quemadas y apiladas, tras la preocupación manifestada por los vecinos al no haberlas visto en mucho tiempo.

La situación del acusado, que ya ha tenido problemas en la prisión donde se encontraba por supuestamente matar a su compañero de celda utilizando una pesa, ha llevado a la Fiscalía a solicitar una condena de 36 años de prisión por tres cargos de homicidio y un cargo por quebrantamiento de las normas carcelarias. Además, se ha argumentado que el acusado presenta una alteración psíquica que podría atenuar su responsabilidad.

Por otra parte, se espera que Antonio Viejo, el nuevo juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, decida sobre la apertura de juicio contra Alberto Amador González, la pareja de Díaz Ayuso. Esta decisión podría cimentar las bases para un caso de gran impacto mediático en torno a presuntos delitos fiscales, ya que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión, aunque la acumulación de nuevas acusaciones podría elevar la petición a cinco años desde la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid.

El mes de septiembre también marcará la reactivación de otros casos con importante repercusión pública. El 16 de septiembre, el juez de Instrucción número 6 se dirigirá a José Hernán A. G. por su procesamiento vinculado a dos agresiones sexuales cometidas en mayo de 2023 en un piso de Vallecas, lo que pone de relieve la urgencia de abordar la violencia de género en el ámbito judicial.

Asimismo, el 19 de septiembre está previsto que la jueza de Instrucción número 7 tome declaración a dos profesoras y a un exdirector de un centro educativo en torno a las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre un excapellán del colegio Highlands School. Una de las menores afectadas dijo haber informado a sus docentes sobre los tocamientos indebidos sin que se tomara acción al respecto.

En el ámbito de las muertes en residencias durante la pandemia de Covid-19, el Juzgado de Instrucción número 3 está a la espera de decidir sobre la acumulación de varias denuncias relacionadas con los protocolos adoptados por la Comunidad de Madrid. Esta investigación implica a figuras clave como Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, y otros miembros del gobierno regional por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.

Por último, uno de los juicios más controversiales aún no tiene fecha exacta, este es el caso del actor Luis Lorenzo y su exesposa, acusados de haber sometido a un familiar a un trato "absolutamente vejatorio". La Fiscalía pide una condena de seis años de cárcel por agresión a la integridad moral y gestión desleal, mientras un informe forense confirma que la víctima no había sido envenenada. Estos casos ponen de manifiesto la complejidad y las ramificaciones de la justicia en situaciones en las que los intereses personales y las normativas legales chocan de manera evidente.