La defensa está evaluando la posibilidad de presentar un informe pericial para sustentar sus objeciones a las acusaciones que enfrenta su cliente, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En una jornada clave para la investigación, dos inspectoras de la Agencia Tributaria comparecieron ante la jueza Inmaculada Iglesias, donde certificaron diversos gastos que consideran ficticios en el contexto de una investigación fiscal que involucra a González Amador. Estas inspectoras también señalaron indicios que pueden estar relacionados con delitos contra la Hacienda Pública.

Esta declaración se produce tras la decisión de González Amador, quien el pasado 24 de febrero optó por no declarar ante la magistrada, siguiendo el consejo de sus abogados. Ellos recomendaron que aguardara la resolución de un recurso sobre otra parte de la investigación, la cual la Audiencia Provincial de Madrid confirmó una semana más tarde, permitiendo indagar sobre posibles delitos adicionales.

Durante las sesiones de esta mañana, las inspectoras ratificaron sus informes iniciales, respondiendo a diversas preguntas de las partes presentes. Dichos informes indican la existencia de gastos ficticios basados en facturas emitidas por varias empresas.

Frente a estas afirmaciones, la defensa expuso inconformidades tanto técnicas como fácticas respecto al contenido de los informes presentados. Sus abogados están considerando la opción de introducir un informe pericial que pueda respaldar sus argumentos.

La investigación se centra en indicios de delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, además de un presunto delito de falsedad en documentos mercantiles vinculados a la presentación de facturas que, según se alega, no corresponden a servicios efectivamente proporcionados, y que habrían sido presentadas con el fin de reducir la carga tributaria correspondiente.

En un auto previo, la jueza justificó la apertura de la investigación al señalar que, como resultado de las supuestas prácticas defraudatorias, González Amador habría dejado de ingresar a la Hacienda Pública un total de 155,000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 195,951 euros por el de 2021, lo que constitiría un grave delito de acuerdo al Código Penal.

Los fiscales comenzaron a investigar después de recibir un informe de la Agencia Tributaria que alertaba sobre un posible fraude fiscal, en el que se identificaron gastos ficticios asociados con facturas de diferentes empresas.

Además, la Fiscalía había recibido el año pasado un informe relacionado con la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, que establece varios indicios sobre posibles delitos asociados al Impuesto Sobre Sociedades correspondientes a 2020 y 2021.

Dicho informe sugiere la existencia de fraudes tributarios que, según la Inspección de Hacienda, superan los 120,000 euros, así como un presunto delito de falsedad de documentos mercantiles, derivado de la presentación de facturas que no corresponden a servicios realmente prestados.