En la tarde del pasado sábado, una joven de 21 años sufrió una agresión sexual cerca del Centro de Acogida y Emergencia en Alcalá de Henares, según han comunicado fuentes de la Policía Nacional. Las autoridades están actualmente en la búsqueda del agresor, quien se dio a la fuga tras cometer el ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la tarde en un camino de tierra próximo al cuartel de la Brigada Paracaidista 'Primo de Rivera'. Este centro, establecido por el Ministerio de Migraciones, ha sido objeto de controversia desde su apertura.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que un individuo se lanzó sobre la joven, golpeándola y agrediéndola sexualmente. Afortunadamente, la víctima pudo pedir ayuda a un transeúnte que pasó por el área, quien inmediatamente contactó a la Policía. En consecuencia, se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y localizar al perpetrador.

LA CONTROVERSIA DEL CENTRO DE ACOGIDA

Este centro de acogida, destinado inicialmente a recibir a inmigrantes provenientes de Canarias, comenzó a funcionar en noviembre de 2023 y ha sido escenario de tensiones políticas. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha denunciado públicamente lo que considera una "deslealtad institucional" por parte del Gobierno central, argumentando que el centro debería haber permanecido como una solución temporal y que el incremento de plazas no fue parte de un plan preestablecido.

La situación se complicó aún más en enero de 2024, cuando Piquet vinculó las denuncias de agresiones sexuales a los residentes del centro, afirmaciones que fueron respaldadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, desmintió la existencia de investigaciones en curso que involucraran a inmigrantes alojados en el CAED.

En respuesta a este conflicto, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, hizo pública en redes sociales una denuncia policial que contenía información sobre uno de los supuestos agresores y hacía referencia a su origen étnico. Este acto provocó una ola de críticas y cuestionamientos sobre el manejo de la información policial.

Ante este escenario, un Juzgado de Alcalá ha abierto una investigación en contra de la alcaldesa por un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, relacionado con la filtración de información sobre las denuncias previas. Este procedimiento judicial se encuentra actualmente en curso, mientras se siguen acumulando tensiones en la comunidad local y en la política regional.