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La Cañada Real Galiana vuelve a ser tema central en el Informe del Defensor del Pueblo

La Cañada Real Galiana vuelve a ser tema central en el Informe del Defensor del Pueblo

El Gobierno, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid y Rivas han llegado a un acuerdo este mes para implementar un plan extraordinario de realojos.

MADRID, 24 Mar.

La situación de las viviendas de la Cañada Real Galiana y la falta de suministro que afecta a más de 4.000 vecinos, incluidos 1.800 niños, ha sido destacada una vez más en el Informe anual presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso de los Diputados este viernes.

En el informe se menciona que durante 2023 la institución ha continuado con las acciones relacionadas con este tema, las cuales ya fueron señaladas en el informe del año anterior.

Se destaca que se han finalizado las acciones con el Ayuntamiento de Coslada, al verificar que el tramo de la antigua cañada que atraviesa este municipio se ha integrado al tejido urbano y las viviendas ahora cuentan con un suministro eléctrico regular.

Cabe recordar que los sectores V y VI afectados por esta problemática se encuentran en los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid.

En relación con las demás administraciones involucradas, las acciones han sido detenidas hasta obtener respuesta de todas ellas.

El Defensor menciona que, tras la presentación de una reclamación ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, la institución fue invitada a presentar sus observaciones sobre la reclamación, la cual aún está pendiente de resolución.

Este mes de marzo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; la Delegación de Gobierno en Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas acordaron un Plan Extraordinario de realojos en la Cañada Real Galiana.

Este plan detalla los compromisos y acciones que llevarán a cabo todos los agentes y administraciones que forman parte de la Comisión de Realojos.

En cuanto a la inversión estimada, se alcanzará un total de 330 millones de euros, distribuidos en 110 millones de euros por cada nivel de administración involucrado, en proporción al número de familias realojadas en cada municipio.