El próximo 24 de abril, el Pleno de la Asamblea de Madrid debatirá un dictamen que, con gran probabilidad, será aprobado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP). Este dictamen, que ha generado un amplio debate político, se enviará posteriormente a la Fiscalía para su análisis y posible acción legal.

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid ha finalizado su labor tras profundizar en las supuestas irregularidades relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La propuesta de dictamen, respaldada tanto por el PP como por Vox, concluye que hubo un desvío y uso indebido de fondos públicos en la gestión de esta cátedra.

Esta investigación se inició en noviembre, en un entorno político marcado por las inminentes elecciones al Parlamento Europeo, y culminó con la comparecencia de varios testigos -entre ellos Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache- así como otros expertos en el ámbito educativo. No obstante, la esfera política ha señalado la ausencia de Pedro Sánchez, quien fue convocado pero no asistió.

El dictamen aprobado tiene sus raíces en una propuesta del PP, que asumió el liderazgo al afirmar que su texto abordaba la situación de manera más profunda, aunque Vox también mostró interés en ampliar la discusión. El PSOE, por su parte, manifestó su desaprobación al considerar que la comisión se trataba de un mero "paripé", aunque, tras abandonar las sesiones, informó que no encontró ninguna irregularidad en las acciones de Gómez.

Fuentes del parlamento han señalado que la propuesta se remitirá al próximo encuentro de la Mesa de la Asamblea, donde será debatida en la Junta de Portavoces. A partir de ahí, la propuesta volverá a la Mesa para su discusión final y aprobación esperada. Tras esta etapa, se elevará a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción que ya investiga el caso.

La denuncia central del dictamen del PP se basa en el supuesto desvío de fondos públicos y la creación de la cátedra bajo circunstancias inusuales, sugeriendo un manejo político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Argumentaron que la cátedra se estableció de forma precipitada, buscando favorecer la carrera de Gómez sin cumplir con los requisitos académicos formales.

Además, el dictamen destaca la participación de Cristian Álvarez, asesora de Gómez, en actividades que deberían haber sido exclusivas de la cátedra, lo que implica un uso inadecuado de los recursos públicos. Se sostiene que la creación de esta cátedra estuvo comúnmente rodeada de decisiones poco convencionales que vulneraron las normativas internas de la UCM.

Desde el PP, se argumenta que Begoña Gómez asumió la dirección de la cátedra sin la idoneidad necesaria y que su nombramiento contravino principios fundamentales de transparencia y legalidad, ya que no hubo un codirector que equilibrara su perfil académico.

Los detalles acerca del desarrollo del 'software' asociado a la cátedra han suscitado cuestionamientos adicionales, pues se sugiere que la gestión estuvo en manos de Gómez y su círculo cercano, lo que costó a las instituciones públicas recursos y reputación. Esto apuntaría a un conflicto serio entre intereses personales y responsabilidades públicas.

La crítica se extiende también a los programas de máster vinculados a Gómez, en los que la selección de docentes no estaría sujeta a criterios claros ni académicos, lo que reflejaría una falta de rigor en la gestión de la cátedra. Se sostiene que la ausencia de informes académicos y económicos oficiales evidencia aún más las irregularidades en la administración de este proyecto.

Los populares concluyen que la cátedra representa una desviación de recursos públicos hacia fines personales e interés privado, agudizando así la desconfianza en las instituciones públicas.

Por otro lado, el PP ha presentado recomendaciones para mejorar la transparencia en la UCM y ha instado a la Comunidad de Madrid a establecer un marco regulador más riguroso sobre la creación de cátedras vinculadas a entidades privadas en futuras legislaciones universitarias.

Además, se ha hecho un llamado a la Fiscalía para investigar posibles delitos por el manejo indebido de fondos estatales, incluyendo la transferencia de información y documentos digitales que podrían ser cruciales en la indagatoria actual.

Desde la oposición, se ha argumentado que la comisión era un ataque político y una manipulación de los recursos públicos que deberían estar al servicio de todos los ciudadanos. La polémica en torno a este caso continúa levantando voces en el parlamento, con un llamado conjunto a proteger la integridad de la universidad pública madrileña y frenar las violaciones a su prestigio. La lucha por la transparencia y la ética en el manejo de recursos seguirá siendo un tema crucial en la agenda política.