En Madrid, el escenario educativo se encuentra en el centro del debate tras las recientes declaraciones de Emilio Viciana, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. En un encuentro realizado este martes en el colegio público Marqués de Suanzes, Viciana defendió la implementación de una jornada partida en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial, argumentando que esta medida responde a la necesidad de mejorar el rendimiento escolar y facilitar la conciliación familiar.

La postura del consejero llega en un momento de enfrentamiento entre la administración y los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación. Agrupados en gremios como CC.OO, UGT, CSIF y ANPE, los sindicatos han expresado su desacuerdo y han decidido iniciar acciones legales en contra de esta normativa, considerando que podría afectar gravemente a la democracia dentro de los centros educativos.

CSIF ha sido la primera organización en presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mientras que CC.OO y ANPE esperan concretar sus propias alegaciones antes de hacer lo propio. UGT, por su parte, sigue evaluando las posibles respuestas legales ante esta situación.

Viciana destacó que la decisión de adoptar la jornada partida se basa en evidencia científica que respalda tanto el potencial incremento del rendimiento académico como la mejora en la salud de los estudiantes. "Estamos apoyando a las familias en su balance entre vida laboral y personal”, explicó, reafirmando que su gestión cuenta con una base sólida para implementar tales cambios.

A pesar de estas afirmaciones, los sindicatos educativos se muestran preocupados. Argumentan que la nueva normativa podría hacer que los estudiantes no alcancen su máximo potencial y que, a su vez, se deterioren las condiciones laborales de los profesores, un aspecto que consideran inaceptable.

En diciembre pasado, el Consejo de Gobierno dio luz verde al decreto que establece la jornada lectiva en dos bloques: mañana y tarde, separados por un descanso de dos horas. Los colegios públicos tienen la opción de adaptarse a este modelo, aunque es necesario que al menos un tercio del Consejo Escolar, que incluye a padres, docentes y representantes municipales, apoyen este cambio.