En un nuevo episodio de las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, ha expresado su enérgico rechazo a las recientes declaraciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un encuentro con los medios en el Centro Interactivo de Atención al Cliente de Metro de Madrid, el consejero criticó lo que considera una intimidación hacia las comunidades: la amenaza de involucrar a la Policía si no se llevan a cabo los traslados de menores migrantes.

Rodrigo no escatimó palabras al calificar esta postura del Gobierno como "inmoral", señalando que mientras se hace esa advertencia, en situaciones de exaltación de ETA en el País Vasco no se contempla el uso de las fuerzas del orden. El consejero subrayó que resulta particularmente sorprendente que, en situaciones donde surgiría la necesidad de intervenir, la Policía no actúe, lo que, a su juicio, crea una disparidad inaceptable.

El consejero detalló además que el uso de la Policía no ha sido prioritario en otros contextos críticos, como los disturbios en Cataluña durante los últimos años. Rodrigo afirmó que durante estos episodios, el despliegue policial parecía escaso, mientras que ahora la intervención se plantea ante el traslado de menores, lo que considera una falta de moralidad evidente.

En respuesta a esta situación, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó que el Gobierno está dispuesto a activar los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de los traslados de menores migrantes. Sin embargo, también manifestó su confianza en que las comunidades no se opondrán a la ley, subrayando que cualquier resistencia podría llevar a la Fiscalía a actuar conforme a la normativa vigente.

A pesar de las declaraciones del ministro, Rodrigo ha reiterado la intención de la Comunidad de Madrid de llevar el asunto ante el Tribunal Supremo, argumentando que el reparto de menores migrantes podría estar invadiendo competencias regionales y carecer de la debida transparencia. En este sentido, ha manifestado su desconfianza hacia las acciones del Gobierno, insinuando que podrían estar ocultando información relevante.

El consejero madrileño también criticó al Ejecutivo por lo que considera un trato despectivo hacia los ciudadanos, argumentando que al excluir a comunidades como el País Vasco y Cataluña del proceso de reparto están tratando a los madrileños como "estúpidos". Rodrigo demandó mayores explicaciones por parte del Gobierno, quien a su juicio, debería rendir cuentas sobre las decisiones que impactan a la ciudadanía en su conjunto.