La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha expresado su firme preocupación sobre las acciones actuales del Gobierno de España, señalando que el sistema sanitario de la región está en peligro debido a lo que ha calificado como un "sectarismo" por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

En una reciente declaración a los medios, Matute no escatimó en palabras al afirmar que este es un claro "fracaso" del Gobierno español. Agregó que se está poniendo en riesgo uno de los más grandes logros sociales del país: el sistema de salud. “Esperamos que reconsideren sus acciones y que destinen los recursos necesarios para evitar que se socave nuestra atención sanitaria desde posiciones de responsabilidad”, expresó con énfasis.

Las preocupaciones de Matute vienen a colación de las decisiones que han tomado aseguradoras como Asisa y DKV, que actualmente están evaluando las condiciones financieras del nuevo concierto de Muface. Esta evaluación surge tras el anuncio de Adeslas de no participar en la licitación por considerar inadecuadas las condiciones económicas presentadas.

La consejera subrayó la capacidad del sistema de salud madrileño para "hacer frente al tratamiento de nuestra población", aseverando que ha trabajado intensamente en distintos escenarios para asegurar que, en caso necesario, se pueda integrar a la población que requiera atención médica dentro del sistema público. "No puede ser de otra manera", insistió, destacando la preparación del Gobierno regional para afrontar posibles desafíos.

Sin embargo, Matute también reconoció que la situación es delicada, afirmando que el sistema se vería "tensionado", como sucede en otras comunidades autónomas, dado que todos los sectores de salud están atravesando un momento crítico en términos de recursos humanos y económicos. No obstante, aseguró que su compromiso es ofrecer la atención que la ciudadanía merece.

En un llamado al diálogo, la consejera hizo un llamamiento al Gobierno central para que se alcance un acuerdo que beneficie tanto a los ciudadanos como a los profesionales del sector salud. Desde su perspectiva, la falta de acuerdo no solo perjudicaría a los mutualistas, sino que también impactaría negativamente a aquellos que están dentro de la Seguridad Social, quienes enfrentarían listas de espera más prolongadas y una carga de trabajo aún mayor para los profesionales sanitarios.