En un reciente giro de los acontecimientos en Fuenlabrada, el alcalde Javier Ayala, del PSOE, ha expresado sus preocupaciones sobre la decisión del Gobierno regional de Madrid de ampliar el centro de acogida de menores no acompañados en La Cantueña. Esta medida surge en respuesta a la llegada prevista de aproximadamente 800 menores migrantes desde Canarias y Ceuta, tras un acuerdo entre el Ejecutivo central y sus aliados parlamentarios.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid han anunciado que, además de La Cantueña, que actualmente opera a plena capacidad con 96 plazas ocupadas, se buscarán otras ubicaciones para albergar a estos jóvenes. Sin embargo, la idea de concentrar a estos menores en un único centro ha generado tensiones, especialmente por su ubicación en el polígono de Cobo Calleja, un área alejada de servicios esenciales como viviendas, centros educativos y espacios recreativos.

El alcalde Ayala no tardó en reaccionar, criticando al Gobierno regional por no consultar a los municipios antes de tomar una decisión que considera "inadecuada". En sus redes sociales, señaló que esta elección parece responder más a intereses políticos que a criterios basados en la solidaridad y el bienestar de los menores.

Además, el alcalde expresó su temor ante una posible "masificación" en La Cantueña, reflejando su preocupación por la calidad de atención que recibirían los menores en un contexto de hacinamiento. “No comprendemos cómo se puede permitir que se concentren tantos menores en un solo lugar sin garantizarles la mejor atención posible”, afirmó Ayala, sugiriendo que es crucial establecer una distribución equitativa de responsabilidades entre los municipios.

Las declaraciones de Ayala no han pasado desapercibidas, y el Partido Popular ha aprovechado la coyuntura para acusarle de "xenofobia". Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, lamentó que algunos alcaldes del PSOE, al igual que Ayala, sean reacios a acoger centros de menores en sus propias localidades, lo que, según él, refleja una hipocresía en el discurso del partido. Este intercambio de acusaciones ha intensificado el debate sobre la gestión de la migración y los derechos de los menores en España.