El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha expresado su desconcierto y frustración ante la llegada inesperada de 400 menores migrantes desde Canarias, afirmando que el Gobierno regional no fue informado al respecto. Durante una rueda de prensa que tuvo lugar tras el Consejo de Gobierno, el consejero criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que calificó como una falta de lealtad institucional.
García Martín subrayó que la administración central había anunciado la disponibilidad de 400 plazas para menores migrantes en la Península, además de 250 adicionales en el centro 'Canarias 50' en Gran Canaria, que serán destinadas al CREADE en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Sin embargo, su disparidad en la comunicación generó preocupación por la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar el flujo de inmigrantes.
En sus declaraciones, el consejero remarcó que el principio de lealtad institucional parece estar ausente, enfatizando que la Comunidad de Madrid se enteró del traslado de los menores a través de los medios de comunicación. Esto plantea serias dudas sobre la coordinación entre administraciones en un momento en que la región ya está lidiando con un incremento de inmigrantes y menores no acompañados que requieren atención urgente.
Aparte de criticar la gestión del Gobierno central, García Martín insistió en la necesidad de una política migratoria clara y eficaz. Según él, el actual enfoque de simplemente redistribuir a los inmigrantes que llegan por mar o aire no es suficiente para afrontar el “caos migratorio” que predomina en España. “Es imprescindible abordar la raíz del problema en los países de origen y colaborar con nuestros socios europeos”, agregó.
El consejero también lamentó que el Gobierno central no transmitiera información de manera proactiva a las comunidades autónomas, sugiriendo que su renuencia a compartir datos es un indicativo del desorden en el que se encuentran. Esto es preocupante, especialmente en un contexto donde se estima que España está enfrentando su mayor crisis migratoria en décadas, lo que ha generado una creciente inquietud entre otros países de la Unión Europea por la vulnerabilidad de sus fronteras.
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