Según técnicos especializados, el mejor interés de ciertos menores extranjeros no acompañados es que regresen a sus países de origen junto a sus familias. Este es el motivo que han expuesto al solicitar su reagrupación familiar.

En un contexto marcado por un reciente incidente violento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado las acusaciones de que su política de acogida ha cambiado. La pasada semana, solicitaron al Ejecutivo central la reagrupación de cuatro menores residentes en el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada.

Durante un evento de Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, defendió la posición de la Comunidad, acusando a Vox de manipular la información en relación con las competencias de reagrupación familiar. García insistió en que la responsabilidad sobre estas decisiones no recae en las autonomías, contradiciendo así las afirmaciones del partido de extrema derecha.

El consejero subrayó la importancia de actuar con criterios técnicos, destacando que cuando se determina que la reagrupación familiar es lo más beneficioso para el menor, es indispensable iniciar los trámites para garantizar su bienestar.

La petición de reagrupación llegó a raíz de un altercado en el que la Policía Nacional detuvo a doce menores migrantes tras una pelea en el centro, que resultó en heridas para varios trabajadores y otros menores. Este requerimiento fue recibido con una reacción favorable por parte de Vox.

García Martín también alertó sobre la existencia de redes de trata que captan a jóvenes migrantes y mencionó cómo algunos menores que ya han alcanzado la mayoría de edad son utilizados de manera irregular. Enfatizó que la protección de estos jóvenes se puede lograr tanto en un entorno de tutela en la Comunidad de Madrid como fomentando que el Gobierno central asuma sus responsabilidades.

El portavoz resaltó que durante 2024, Madrid atendió a 2.442 menores no acompañados, sumando más de 10.000 desde 2019. Aseguró que la Comunidad ha cumplido con la entrega de datos requeridos por el Ministerio de Juventud e Infancia de manera oportuna.

Además, criticó el sistema de reparto de menores acordado con Junts, afirmando que no se consultó a ninguna comunidad autónoma en el proceso. Esta situación ha llevado a los gobiernos regionales a buscar soluciones improvisadas para lidiar con el flujo de migrantes.

García Martín concluyó que no se puede pensar en repartir menores si no hay control sobre la situación. Recordó que las fronteras españolas son extremadamente permeables, señalando el peligro que enfrentan muchos jóvenes durante su travesía, especialmente en la peligrosa ruta canaria y a través del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas.