En una nueva controversia política, la Comunidad de Madrid ha lanzado acusaciones hacia el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusándolo de buscar la discordia con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso debido a sus amenazas de sanciones por el incumplimiento de la normativa estatal relacionada con el transporte público. La administración regional sostiene que no se está intentando ocultar información sobre los recursos destinados a los descuentos en el transporte público.

La advertencia del Ministerio de Transportes surge en respuesta al anuncio de la Comunidad de Madrid de implementar el abono de transporte gratuito hasta los 14 años a partir del 1 de julio. Esta medida, que el Gobierno central ya había planificado para todo el país, cuenta con respaldo financiero por parte de la administración estatal.

En concordancia con sus políticas de fomento del transporte público, el Gobierno ha dispuesto de 878 millones de euros para abaratar los costes del transporte durante el año 2025. Esta cifra incluye 355 millones destinados a garantizar la gratuidad para los menores de 15 años, así como descuentos significativos para jóvenes y otros grupos demográficos, desde el próximo julio y hasta finales de diciembre.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, enfatizó que la reciente medida fue aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), donde también está presente el Ministerio de Transportes, lo que implica que no hubo ocultamiento de información, ya que el ministerio estuvo allí para votar.

“Lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Transportes está tergiversando la realidad,” manifestaba el portavoz gubernamental, subrayando que la presencia del Ministerio en las decisiones tomadas en el CRTM invalida la acusación de ocultación. Además, reafirmó que no hay nada que ocultar y señaló que el ministerio busca provocar controversia sin motivos válidos.

Frente a esta defensa, el Ministerio de Transportes sostiene que la Comunidad de Madrid está incumpliendo, de manera deliberada, sus obligaciones respecto a la financiación de estos programas. Según fuentes del ministerio, esta omisión puede llevar a sanciones, tal como estipulan las normativas en vigor.

Se ha recordado que todas las administraciones públicas deben informar sobre el origen de su financiación, tal como se hace con proyectos financiados por la Unión Europea, un requerimiento que la Comunidad de Madrid ha desatendido en este caso específico.

Desde el Ministerio se critica que la administración regional esté intentando engañar al público con información inexacta, afirmando que las nuevas medidas adoptadas son el resultado del firme compromiso del gobierno central hacia un sistema de transporte público eficiente y sostenible.

Por su parte, el consejero del Gobierno regional ha señalado que la contribución del Ministerio al Consorcio Regional de Transportes ha permanecido estancada por años, destacando que la comunidad asume el 73% del coste del transporte público en la región. Aunque consideró positives las iniciativas del gobierno central, enfatizó que el verdadero esfuerzo se realiza desde la Comunidad de Madrid.

“Es un paso positivo que el gobierno central se sume a estas medidas que hemos propuesto desde hace mucho tiempo para garantizar precios accesibles en el transporte público, como la gratuidad para menores de siete años y, a partir de julio, para los de 14 años, así como la financiación completa del transporte para nuestros mayores”, concluyó el consejero.