En Madrid, el 28 de julio, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia interpuesta por Más Madrid en abril pasado, concluyendo que no se han hallado pruebas de prevaricación en la gestión del alcalde José Luis Martínez-Almeida respecto a los pisos turísticos de la capital.

Según un documento que ha sido accedido por Europa Press, la Fiscalía afirma que, tras la investigación realizada, “no se evidencian indicios de actividad prevaricadora ni siquiera de acciones ilegales”. Esta decisión no admite apelaciones, dejando a Más Madrid en una posición complicada.

La denuncia presentada por Más Madrid se centró en la supuesta prevaricación del Ayuntamiento y la Agencia de Actividades, acusando a las autoridades de permitir la existencia ilegal de más de 15.000 pisos turísticos en la ciudad. La portavoz del partido, Rita Maestre, subrayó que la inacción del alcalde no era solo una falta de acción, sino un consentimiento explícito a la ilegalidad.

La base de esta denuncia se encuentra en el artículo 320 del Código Penal, que contempla que las autoridades que omitan las inspecciones de carácter obligatorio, a sabiendas de su injusticia, podrían estar cometiendo un delito de prevaricación.

Los hechos que llevaron a esta denuncia se conocieron tras la alerta de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en junio de 2024, señalando que existían 10.134 viviendas de uso turístico (VUT) sin las licencias municipales requeridas, lo que las hacía ilegales.

En respuesta, el Ayuntamiento afirmó haber realizado un análisis inicial, que reveló que de las VUT denunciadas, solo 8.943 estaban registradas correctamente pero carecían de licencia de funcionamiento. De estas, se inspeccionaron 4.372 propiedades, lo que representa el 43,3% del total mencionado en la denuncia.

De estas inspecciones, 2.499 procedimientos de restablecimiento de la legalidad fueron iniciados, abarcando 3.683 alojamientos turísticos. Adicionalmente, se examinó un total de 3.482 viviendas adicionales que no estaban incluidas en la denuncia original, resultando en 953 procedimientos más de legalización.

La Fiscalía destacó que la crítica por la escasez de inspecciones no se sostiene frente a la evidencia, dado el importante número de viviendas analizadas y las acciones emprendidas para abordar la legalidad de las VUT.

Además, señalaron que justo cuando se llevaron a cabo las denuncias, se había establecido un Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) para 2024/2025, que priorizaba el control de estas propiedades. La Fiscalía, por tanto, considera que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado de manera diligente en sus funciones de inspección y regulación urbanística.

El ente fiscal también subrayó que, a pesar de no contar con una unidad específica dedicada a las VUT, se ha aumentado considerablemente el número de funcionarios en el Servicio de Disciplina Urbanística para gestionar este complejo asunto.

Finalmente, tras el anuncio de la Fiscalía, el equipo de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, liderado por Borja Carabante, destacó que la información aportada por el Ayuntamiento ha desvirtuado la denuncia presentada por Más Madrid, proporcionando un respaldo claro y fundamentado a su actuación.