La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la condena impuesta a Álvaro García Ortiz, quien recibió una pena de dos años de inhabilitación por revelar secretos que afectaban a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este movimiento jurídico, firmado por la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde, no solo busca revocar la sentencia, sino también eliminar la indemnización dictada a favor de González Amador por daños morales, así como su condena al pago de las costas del proceso.

En su argumentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía sostiene que el incidente de nulidad tiene bases procesales sólidas, y expone que la sentencia infringe varios derechos fundamentales, incluyendo el de presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, según los artículos pertinentes de la Constitución Española.

La Fiscalía destaca que el Tribunal Supremo omitió de manera inexplicable la evaluación de múltiples testimonios, además de pasar por alto el hecho de que el correo electrónico en cuestión ya había sido divulgado por la prensa antes de caer en manos de García Ortiz. "Cuando el correo fue recibido por el Fiscal General del Estado, ya había sido publicado y eso es un hecho comprobado", afirma contundentemente la Fiscalía.

Asimismo, menciona que diferentes medios informativos habían publicado durante los días 12 y 13 de marzo reportes acusando a la Fiscalía de motivaciones políticas en la investigación, sugiriendo que los hechos carecían de fundamento. "Estas acusaciones infundadas contaron con el respaldo y colaboración de algunos medios cercanos al gobierno de la Comunidad de Madrid", subraya la Fiscalía.

Resaltando el contexto de la situación, el Ministerio Público indica que la investigación penal estaba dirigida hacia Alberto González Amador, quien había sido denunciado por su implicación presunta en una trama de fraudes fiscales, lo que añade un matiz político a la situación.

ANÁLISIS DE TESTIMONIOS LIMITADOS

La Fiscalía también enfatiza que, sorprendentemente, el análisis de los testimonios en el juicio fue "limitado", y aunque se reconoce que los periodistas conocían la información a través de fuentes externas, la sentencia no proporciona la suficiente atención a este hecho.

El escrito de la Fiscalía señala que hay inconsistencias en la acusación particular respecto a la calificación de los hechos y las responsabilidades económicas, lo que pone en duda la homogeneidad de la condena, al tiempo que la Sala hace afirmaciones sobre esta homogeneidad sin ofrecer justificación alguna.

Además, establece que la sentencia manifiesta una homogeneidad esencial, a pesar de que las pretensiones de la acusación particular no fueron aceptadas, lo que introduce una contradicción con la jurisprudencia establecida sobre la imposición de costas.

La institución subraya que la solicitud de la acusación particular no resultó en una condena, lo que deslegitima la imposición de costas a favor de esta parte, calificada como infundada en el contexto del fallo.

La decisión del Tribunal Supremo significó la destitución de García Ortiz, quien se vio envuelto en controversias desde el principio de su mandato, dado su historial como colaborador cercano de la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Con la decisión de un panel de siete magistrados, en su mayoría conservadores, y un voto en contra de dos juezas progresistas, se pone fin a un caso que había estado marcado por las tensiones internas y las decisiones de encausamiento que datan de octubre de 2024, cuando se reveló que la defensa de González Amador había propuesto a la Fiscalía admitir la comisión de delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.