El 23 de diciembre, la Guardia Civil de España dio a conocer los resultados de su reciente operación ‘Cimientos 24’, un esfuerzo muy necesario para combatir el crecimiento desmedido de construcciones ilegales en regiones vulnerables de la Comunidad de Madrid. Las autoridades se centraron en áreas como Fuente el Saz del Jarama, Algete, Mejorada del Campo y Chinchón, donde estas infraestructuras no reguladas han proliferado, comprometiendo tanto la seguridad pública como el medio ambiente.

La Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil ha asumido el reto de garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y de investigar delitos vinculados a la protección de la naturaleza. Estos delitos abarcan desde violaciones en la ordenación del territorio hasta actuaciones irregulares en urbanismo, que a menudo quedan impunes en un contexto de creciente descontrol urbanístico.

El despliegue de la UPRONA ha sido metódico: en colaboración con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y con el apoyo de técnicos municipales y policías locales, se realizaron un total de 90 inspecciones en los mencionados municipios. Esta acción se llevó a cabo en dos fases, que abarcó desde junio hasta noviembre, evidenciando una respuesta decidida ante la alarmante situación que enfrenta el urbanismo en la región.

Los resultados de estas inspecciones revelaron unas cifras preocupantes: se han investigado a 81 personas por ejecutar construcciones ilegales en terrenos que no deberían ser urbanizables. Adicionalmente, se han abierto casos a dos individuos por delitos de usurpación de agua y defraudación de servicios básicos, así como a otro por desobediencia a la autoridad, tras ignorar una orden de paralización de obras emitida por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

Más allá de las investigaciones individuales, se han elaborado 80 informes-denuncia dirigidos a los respectivos Ayuntamientos. Estos documentos no solo instan a que se ratifiquen las denuncias, sino que también llaman a restaurar la legalidad urbanística, lo cual podría incluir el desmantelamiento de las construcciones ilegales identificadas. Esta acción es esencial para recuperar el control sobre el desarrollo urbano y asegurar el respeto a las normativas vigentes.

La operación no solo busca hacer cumplir la normativa urbanística; también se sitúa dentro de un esfuerzo más amplio por proteger el medio ambiente y las especies que habitan en él. Los asentamientos ilegales no solo representan una violación de leyes, sino que también amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas locales y, en última instancia, los recursos naturales que son esenciales para todos los ciudadanos en la Comunidad Autónoma.

No podemos obviar que estos asentamientos carecen de infraestructuras básicas: no tienen viales pavimentados, iluminación adecuada ni accesos al agua potable. Esta falta de servicios incrementa exponencialmente el riesgo de desastres naturales como incendios o inundaciones, poniendo en peligro tanto a las viviendas como a sus habitantes. La precariedad de estas construcciones convierte a sus residentes en posibles víctimas de catástrofes que podrían evitarse con una mejor planificación urbanística.

La grave realidad es que, en caso de emergencia, las dificultades de acceso a estas zonas hacen que la labor de los servicios de emergencia se complique considerablemente. Esto no solo pone en riesgo la vida de los residentes, sino que también arriesga la capacidad de respuesta a incidentes que podrían evitarse con una correcta planificación territorial. Por tanto, la lucha contra las construcciones ilegales no solo es una cuestión de cumplir con las normativas, sino que también es un imperativo para la seguridad y bienestar de las comunidades afectadas.