El 21 de marzo, en Madrid, la jueza de Instrucción número 19, Inmaculada Iglesias, llevará a cabo una sesión de interrogatorio con los peritos de la Agencia Tributaria que identificaron el presunto fraude fiscal asociado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

El testimonio de los especialistas se produce tras la negativa de González Amador a comparecer ante la magistrada durante su citación el 24 de febrero, donde se le investigan presuntos delitos fiscales y un caso de falsedad documental.

González Amador decidió acogerse a su derecho de no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, en espera de que se resolviese un recurso sobre la apertura de una pieza separada. Este recurso fue finalmente respaldado por la Audiencia Provincial de Madrid, permitiendo que se explorasen otros posibles delitos más allá de los ya en estudio en el caso principal.

Hoy, los expertos de la Agencia Tributaria presentarán sus hallazgos sobre el fraude fiscal asociado a González Amador y otros cuatro implicados. En su informe, se menciona la existencia de "gastos ficticios" respaldados por facturas de varias compañías.

La investigación se focaliza en indicios de delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, junto a un supuesto delito de falsedad mercantil, dado que se presentaron facturas que presuntamente no correspondían a servicios efectivamente brindados, buscando así reducir el monto tributario a pagar.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza aclaró que, como resultado de estas supuestas actividades delictivas, el contribuyente habría dejado de abonar 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020, y 195.951 euros para el ejercicio de 2021.

Se argumenta que estos actos están tipificados como "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal, en competencia con un delito de falsedad mercantil del artículo 392.1, en relación con el artículo 390 del mismo Código".

La Fiscalía comenzó a investigar tras recibir un informe de la Agencia Tributaria que señalaba un posible fraude fiscal, evidenciado por la detección de "gastos ficticios" respaldados por facturas de diferentes sociedades.

La denuncia del fiscal expresa que estos "gastos no corresponden a servicios realmente prestados", y que todo esto tiene como objetivo minimizar el importe que el contribuyente debía abonar en concepto de Impuesto de Sociedades para los ejercicios de 2020 y 2021.

El año pasado, la Fiscalía recibió un documento de la Agencia Tributaria relacionado con Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, en el que se extraen datos e indicios concernientes a posibles delitos en relación al Impuesto Sobre Sociedades para los años mencionados.

Este informe denunciaba dos delitos contra el fisco, con un fraude cuantificado por la Inspección de Hacienda superior a 120.000 euros, además de un posible delito de falsedad documental por la presentación de facturas que no respondían a servicios efectivamente prestados, utilizadas para disminuir la carga tributaria correspondiente.