López denuncia el enfoque "sectario" de la Comunidad de Madrid al trasladar a todos los menores a La Cantueña.

En un contexto de creciente tensión social y política, el secretario general del PSOE-M y actual ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha expresado su profunda preocupación por el reciente desplazamiento de menores migrantes procedentes de Canarias hacia la localidad de La Cantueña en Fuenlabrada. Según López, este movimiento, orquestado por la Comunidad de Madrid, refleja un mensaje “político y sectario” que ignora la humanidad de los afectados.
Durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, López no dudó en calificar la actitud del Gobierno regional como un acto de “racismo y xenofobia”, subrayando que esta cuestión será abordada en instancias judiciales tanto en el ámbito nacional como en el europeo. El ministro hizo un llamado a la reflexión, argumentando que no se ha cuestionado la presencia de otros grupos de migrantes, como los ucranianos, lo que evidencia un doble rasero en el tratamiento de la población migrante.
“El drama de la migración no es nuevo, y el Gobierno ha tomado medidas para abordar esta cuestión, pero la hipocresía del Partido Popular es evidente”, afirmó López, refiriéndose a la complicidad del PP en Canarias con Coalición Canaria. Según el ministro, la responsabilidad por la situación recae sobre regiones que históricamente han enfrentado esta problemática, como Canarias, Ceuta y Melilla, y enfatizó la necesidad urgente de que España establezca soluciones claras y efectivas para el tratamiento de estos menores a través de un marco legal adecuado.
Además, López volvió a instar al Gobierno regional para que adopte criterios “transparentes” en la distribución de menores migrantes dentro de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el ministro lamentó la falta de respuesta por parte de las autoridades locales al requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia, que busca conocer el número exacto de menores extranjeros no acompañados bajo su tutela, acusando a la administración autonómica de proporcionar información errónea al reportar cifras de 2024 en lugar de la situación actual.
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