La Comunidad de Madrid ha decidido elevar un recurso al Tribunal Constitucional (TC) en respuesta a la reciente modificación de la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno central, la cual redefine los criterios para la distribución de menores extranjeros no acompañados. Según autoridades madrileñas, esta acción carece de fundamento y no toma en consideración a las comunidades autónomas, lo que contraviene principios establecidos en la Carta Magna.

El Consejo de Gobierno de la región ha instruido a la Abogacía General para que proceda con este recurso contra el Real Decreto ley 2/2025, el cual fue aprobado el 18 de marzo por el Consejo de Ministros. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, enfatizó la postura oficial al respecto.

García Martín expresó su descontento, indicando que la Comunidad no puede aceptar un sistema de reparto "discrecional" impuesto en alianza con el partido Junts, argumentando que esta estrategia busca únicamente los votos necesarios para asegurar la permanencia de Pedro Sánchez en el poder.

El consejero fue contundente al afirmar que la atención a estos menores es secundaria en los intereses del Gobierno: "La prioridad de Sánchez es conseguir esos siete votos, no realmente atender a los menores necesitados", añadió, instando a una solución integral al caos migratorio en España que incluya el control de fronteras y acuerdos con naciones de origen.

El análisis realizado por la Abogacía General señala que el mencionado Real Decreto ley infringe múltiples artículos de la Constitución de 1978. Esta legislación es considerada inconstitucional al sobrepasar las competencias que se reservan a las comunidades autónomas en lo que respecta a la protección y acogimiento de menores extranjeros.

Además, el informe sostiene que se violan derechos fundamentales de los menores al ser distribuidos sin priorizar su bienestar y asistencia adecuada. La falta de diálogo con las comunidades autónomas ha llevado a que estos criterios de reparto se implementen de manera injustificada, lo que también afecta la autonomía financiera de las regiones al no asegurar el Gobierno central los recursos necesarios.

El recurso también critica la elección del real decreto ley como método para implementar estas reformas, sugiriendo que se debió recurrir a una Ley Orgánica debido al impacto en los derechos de los ciudadanos. Asimismo, cuestiona la urgencia alegada para su implementación, dado que el problema de la atención a los menores extranjeros no acompañados es de larga data, remarcando que existe desde hace más de ocho años.

Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha acogido a un total de 10.618 menores no acompañados, de los cuales 937 han sido atendidos en lo que lleva del año. Esta situación pone de relieve la necesidad de una gestión coordinada y responsable en el ámbito de la protección de menores extranjeros.