Madrid, 11 de diciembre.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la decisión de avanzar con la firma del convenio para el Programa María Goyri, un acuerdo que ha sido establecido con los rectores de las universidades públicas de la región y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin embargo, la comunidad autónoma ha expresado su descontento, sosteniendo que se ha visto forzada a optar entre "lo malo y lo peor" y, en consecuencia, ha terminado eligiendo "lo malo".

La Comunidad de Madrid se convierte así en la última de las diecisiete regiones en unirse a este programa, aceptando las condiciones impuestas por el Ministerio. Estas condiciones han generado un desacuerdo previo, especialmente entre la Consejería de Educación, que argumentaba que el convenio se limitaba exclusivamente a la figura del profesor ayudante doctor, una cuestión que ha suscitado considerable controversia.

En la misma semana, el secretario de Estado del Ministerio, Juan Cruz Cigudosa, envió un mensaje a la Comunidad de Madrid recordando que debía firmar el convenio en los mismos términos aceptados por las demás comunidades autónomas, lo que ha subrayado la tensión existente entre el Gobierno regional y el central.

Durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, expresó su preocupación por lo que calificó como "una vez más" una "imposición" del Ministerio. Criticó la falta de disposición del Ejecutivo central para negociar, señalando que es más receptivo a dialogar con los partidos independentistas y con aquellos que, según sus palabras, "dieron un golpe de Estado desde Cataluña", mientras ignora las preocupaciones legítimas de la Comunidad de Madrid en este contexto.

García Martín argumentó que era razonable que la Comunidad pudiera hacer contribuciones a un convenio del que forma parte, pero en su lugar, se enfrentaron a un proceso unilateral que les llevó a elegir lo que consideraban la peor opción posible. "Nos hemos quedado con lo malo", subrayó.

En su análisis, el consejero no solo calificó el convenio como una imposición, sino que también lo describió como "un instrumento completamente insuficiente", argumentando que no aborda los problemas que ha generado la Ley Orgánica de Universidades (LOSU). A su juicio, el acuerdo no ofrece una solución efectiva y ha fallado en garantizar una financiación estructural adecuada para satisfacer las necesidades de las universidades públicas madrileñas, así como de las instituciones de educación superior en todo el país.

Sin embargo, el Gobierno regional ha decidido autorizar la creación de 1.091 nuevas plazas de profesor ayudante doctor, con el objetivo de "ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas" de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Algunos de estos nuevos docentes comenzarán a incorporarse en este mismo curso académico.

De las plazas creadas, 435 serán financiadas completamente por el Gobierno regional, mientras que el resto contará con subsidios estatales durante los primeros seis años de contrato. Posteriormente, será la Comunidad de Madrid la encargada de asumir los salarios de todos los 1.091 profesores, asegurando su estabilidad en el empleo a lo largo de sus carreras académicas. Para implementar esta estrategia de manera inmediata, el Ejecutivo autonómico prevé destinar anualmente 17,5 millones de euros a partir del año 2025.