En medio de la polémica, Más Madrid ha decidido tomar medidas legales para defender su labor de oposición en la Asamblea de Madrid, luego de que la Mesa de la misma rechazara tramitar una comisión de investigación, comparecencias y proposiciones no de ley relacionadas con la compra de material sanitario.

MADRID, 12 Jul.

La formación ha solicitado amparo al Tribunal Constitucional, denunciando que se les ha impedido cumplir con las funciones que les otorga el Reglamento de la Cámara y ejercer su papel de control sobre el gobierno regional. Este conflicto se originó a raíz de revelaciones sobre un supuesto fraude fiscal relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito presentado, se argumenta que se ha vulnerado el derecho constitucional de acceso a los cargos públicos en igualdad de condiciones, así como el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de forma libre y directa.

Desde Más Madrid se ha criticado en varias ocasiones la actitud de la Mesa de la Asamblea, a la que acusan de obstaculizar la fiscalización de la actividad parlamentaria. Por esta razón, han decidido presentar este recurso de amparo con el objetivo de garantizar la transparencia y el control democrático.

La líder regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha expresado su preocupación por lo que considera una censura por parte de la Mesa de la Asamblea en favor de intereses particulares, incluidos los de la presidenta Ayuso, y ha afirmado que no permitirán que se siga protegiendo a determinadas figuras políticas en detrimento de la rendición de cuentas.

Entre las iniciativas que fueron bloqueadas se encontraba una comisión de investigación, la comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, una proposición no de ley exigiendo su dimisión y otra relacionada con una auditoría en el ámbito sanitario y sus nexos con empresas del sector.

Bergerot ha destacado que, hasta la fecha, se han rechazado un total de 9.051 iniciativas parlamentarias de la oposición, lo cual consideran inaceptable. Por ello, han recurrido a instancias judiciales para garantizar la transparencia y el ejercicio pleno de sus funciones como representantes electos.