El último Pleno ordinario del mandato en Madrid se celebrará este martes y tanto Más Madrid como el PSOE buscarán dejar sin efecto el pliego general de pactos y condiciones del Plan 18.000. Este Plan, que surgió en los años 90, tenía como objetivo construir viviendas protegidas en terreno público, donde los ciudadanos solo adquirían un derecho de superficie durante algunos años, no la plena propiedad.

Más Madrid propondrá que se delegue en la Corporación que gobierne tras los comicios del próximo 28 de mayo la solución a abordar. Por su parte, el PSOE también propondrá que la Corporación entrante deberá iniciar un proceso de diálogo con los afectados y la plataforma.

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, se había comprometido días atrás con los representantes de la Plataforma de Afectados por el Plan 18.000 "a paralizar el actual pliego que establece las condiciones de compra de aquellas viviendas que ya han perdido su calificación de protegidas". Según Fuentes, se va a crear una mesa de trabajo con todos los grupos políticos y los afectados, para buscar una solución de consenso.

El Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa entre 1984 y 1997. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentra el Plan 18.000.

Es importante destacar que estas viviendas eran de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. Desde el principio, superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.

En 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.

En mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, criticó en una comisión del ramo que desde entonces no fue posible la compra de suelo "puesto que se desconocen los motivos por los que el anterior equipo de Gobierno no prorrogó los pliegos".

El pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego que cumple el acuerdo del Pleno que incorpora la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños". Sin embargo, los superficiarios del Plan 18.000 consideran que esto les supone un agravio comparativo con respecto al resto de ciudadanos.